En el día en el que la Ley Foral del Euskera cumple 35 años, han denunciado que no todo es aceptable "en nombre de la discrepancia", ya que están en juego los derechos de la ciudadanía. Quieren lograr el mayor consenso social posible para después dar el salto al consenso político.
O.P. | Eitb Media
Euskalgintzaren Kontseilua ha denunciado en un acto que la Ley Foral del Euskera, que ayer cumplió 35 años, vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra y es "discriminatoria".
El portavoz de Euskalgintzaren Kontseilua, Paul Bilbao, ha afirmado que viven "con preocupación" los retrocesos que vive el euskera en Navarra en los últimos años y ha subrayado que "el euskera es una causa política".
Denuncian, por ejemplo, que se mantienen las dinámicas puestas en marcha por UPN en el año 2000 y que la reciente Ley de Contratación Pública vulnera los derechos lingüísticos de los navarros y las navarras.
Bilbao ha denunciado que bajo la excusa de las discrepancias "se acepta todo". Ha señalado que "hay cuestiones en las que no se puede discrepar, están en juego los derechos de los ciudadanos y habría que definir unos límites, porque no se puede aceptar todo en nombre de la discrepancia".
Para el secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua, el reto consiste en sentar las bases para una nueva ley del euskera. "Nuestro compromiso es abrir en los próximos meses un ciclo de contactos muy variados para ampliar y reforzar consensos, para, posteriormente, dar el salto desde ese consenso social al consenso político", ha dicho Bilbao.
En este sentido, ha recalcado que se han fijado como objetivo la elaboración de un documento consensuado que sirva de base para una nueva ley.
Ya tienen el punto de partida, la dinámica Batuz Aldatu. Hizkuntza-politiketan eragiteko adostasun soziala (Cambiar sumando. Consenso social para incidir en las políticas lingüísticas), iniciativa social en el que convergen agentes de toda Euskal Herria y de diferentes ámbitos, y que establece el rumbo para unas políticas lingüísticas efectivas.
El objetivo es sumar, sumar agentes y personas y presentar una propuesta que cuente con el mayor consenso social posible, "para que desde esa unión se puedan dar pasos conjuntos para incidir en políticas que tengan como eje la garantía de los derechos lingüísticos, "todo ello sobre la base del consenso de los agentes: cambiar sumando".