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Aborto

Acosar a las mujeres que van a abortar a las clínicas es delito a partir de hoy

Agencias | Eitb Media

Obstaculizar "el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acosar tanto a las mujeres como a los médicos de dichas clínicas será castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

  • La ley pretende garantizar la seguridad e intimidad de las mujeres.

    La ley pretende garantizar la seguridad e intimidad de las mujeres.

Euskaraz irakurri: Kliniketara abortatzera doazen emakumeak jazartzea delitu da gaurtik

Acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde este jueves, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acose a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".

También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.

La ley considera "imprescindible garantizar una zona de seguridad" alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

Para perseguir este acoso no será necesaria la denuncia de la persona agraviada y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también a la persona condenada la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años.

En la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar, y se recoge un informe de 2018 de la Asociación española de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo que alertaba de que miles de mujeres se habían visto "increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo" al acudir a esos centros.

La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.

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