Una familia de Iurreta denuncia que puede ser desahuciada

Colectivos sociales se han concentrado esta mañana frente a la Diputación Foral de Bizkaia para mostrar su apoyo a una familia de Iurreta que está a punto de ser desahuciada de su vivienda al dejar de percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por el "caos" que supuso el trasvase de los expedientes de la institución foral a Lanbide. Alrededor de 2.000 familias vizcaínas se encuentran en la misma situación por lo que reclaman que sus expedientes sean revisados para poder llegar a fin de mes.

El caso de la familia de Iurreta se remonta a octubre de 2011, cuando sin previo aviso, Miloudi, natural de Marruecos, casado y con tres hijos menores de edad, comprobó que no se le había hecho el ingreso de la prestación en la cuenta corriente. Acudió a la Diputación y le informaron de que, aunque no se lo habían notificado, se había acordado la suspensión por no acudir a una cita con el trabajador social.

Tras pedir una nueva cita, el 5 de diciembre mantuvo un encuentro con el asistente que le solicitó vida laboral. Miloudi la entregó una semana después, tan pronto como la recibió. No obstante, se dio la circunstancia de que era ya 15 de diciembre, dos días después de que Lanbide se hiciese cargo de la RGI.

Los servicios de Acción Social de la Diputación le informaron en diciembre de que ya habían entregado su expediente a Lanbide y que ellos lo resolverían. Sin embargo, esto no impidió que en enero, al cumplirse el plazo máximo de tres meses de suspensión se procediese a la extinción. Desde entonces ha sido un peregrinar de Lanbide a los servicios de la Diputación, que se atribuyen responsabilidades mutuamente.

El afectado ha explicado que la Diputación no ha contestado los recursos, mientras que Lanbide tampoco ha respondido a la solicitud de reanudación, mientras que se le acumulan las deudas y no puede hacer frente desde hace varios meses a los 600 euros de alquiler del piso donde reside. Por ello, el pasado mes de marzo recibió una comunicación de la dueña del piso advirtiéndole de que emprendería acciones legales para el desahucio.

"Llevo en el País Vasco casi diez años y cinco años trabajando. Pero con la crisis que ha salido no encuentro trabajo y estoy apuntado desde hace tiempo en Lanbide, pero no he recibido ninguna oferta de trabajo. Yo no quiero la RGI, yo quiero trabajar para poder vivir", explica Miloudi.

En opinión de los colectivos sociales, esta situación es producto de los recortes sociales promovidos por el Gobierno Vasco, el "grave colapso" en el que se encuentra Lanbide y el "desbarajuste y caos" que supuso el trasvase de los expedientes de RGI desde el Servicio contra la Exclusión de la Diputación de Bizkaia a Lanbide.