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El Gobierno Vasco aprueba la gratuidad de medicamentos para parados

La medida, que costará 3 millones de euros anuales, entrará en vigor el 1 de julio.

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa. EFE
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa. EFE
El Gobierno vasco aprueba el decreto contra el copago

01:24

Redacción

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El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en Euskadi" y mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos.

Según ha informado el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, el objetivo de este decreto es garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en Euskadi" y también mantener en los niveles actuales las aportaciones de las personas en el pago de medicamentos, así como incorporar la exención de pago a diversos colectivos como personas en paro sin derecho a la prestación y aquellas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Bengoa, que ha asegurado que el Gobierno Vasco tiene "los fondos necesarios" para llevar adelante las propuestas recogidas en el decreto, ha indicado que el próximo jueves ofrecerá información más detalla, tras la celebración este miércoles de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.

En cuanto al pago de medicamentos, ha explicado que seguirá siendo del 40% del precio de venta al público, así como que están exentos, igual que en el decreto del Gobierno central, los pensionistas y las personas paradas sin derecho a subsidio, aunque en Euskadi se incorporan las personas receptoras de RGI.

Bengoa ha señalado que esta aportación se hace en el momento en que te dispensan el medicamento y ha advertido de que si se hace en una oficina de farmacia ubicada fuera de Euskadi el usuario tendrá derecho a que se le reembolse la cantidad de más que haya pagado.

El Gobierno Vasco estima que la gratuidad de los medicamentos para los parados sin subsidio de desempleo, medida que entra en vigor el 1 de julio, costará a las arcas de la comunidad autónoma alrededor de 3 millones de euros anuales.

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