Visto para sentencia el juicio a Alonso por el alquiler de un local

El Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio contable contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el secretario Sectorial del PP, Javier Maroto, y los miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 por el alquiler de unas oficinas, un caso en el que no acusa la Fiscalía.

Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales, y hoy ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso -entonces alcalde- ni Maroto -que era concejal de Hacienda-, a quienes acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

Grabaciones de algunos altos funcionarios

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el Consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada; ha indicado, además, que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

Alonso afirma que su actuación fue "conforme a la legalidad" y al "interés de la ciudad"

El presidente del PP vasco Alfonso Alonso ha confiado en que el juicio sirva para que "se aclare todo de manera satisfactoria" y ha defendido que fue una actuación conforme "a la legalidad" y al "interés de la ciudad".

En rueda de prensa en Donostia tras la reunión del comité ejecutivo del PP vasco, el exalcalde de Vitoria ha señalado que se lleva "muchos años" con este asunto y está "contento" de que "por fin ya podamos ir acabando con este tema".

Alonso se ha mostrado "confiado" en que "se aclare todo de manera satisfactoria", porque saben "qué es exactamente lo que hay". El dirigente del PP ha recordado que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, "cuestión que no ha estado nunca en cuestión", sino si la actuación del Gobierno municipal fue "conforme o no con el interés general".

En este sentido, Alonso ha afirmado que están "en condiciones de acreditar que fue una actuación respetuosa y conforme con el interés de la ciudad".