Economía -

Caso Hiriko

Afypaida deberá devolver 17 millones al Ministerio de Economía

También le piden dinero Fogasa (69.000 euros), la Seguridad Social (25.000), la Diputación (7.225), el Ayuntamiento de Vitoria (51,) la Agencia Tributaria (48), y el Gobierno Vasco, 36.531 euros.

Agencias | Redacción

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Afypaida, la empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco, Hiriko, deberá devolver al Ministerio de Economía y Competitividad 17,2 millones de euros, según el juzgado de lo mercantil de Vitoria-Gasteiz encargado de su concurso de acreedores.

El pasado marzo este juzgado declaró a Afypaida en concurso voluntario y abrió la fase de liquidación de esta empresa, cuyos administradores eran Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio.

En un listo de acreedores actualizado a fecha de 30 de julio, el juzgado reconoce una deuda de 17,2 millones de euros con el Estado, que es el principal acreedor de Afypaida, a la que concedió ayudas millonarias para el desarrollo del coche eléctrico, según informa hoy El Mundo.

En ese listado figura la cantidad reclamada a Hiriko por las distintas partes implicadas, también los trabajadores, y la cifra que la administración concursal reconoce a cada uno.

La deuda total de Afypaida asciende a 18,9 millones. El 92 % de esa cantidad corresponde al Ministerio, que reclama 17,2 millones. De ellos, 7,37 reciben la consideración de "privilegiada", otros 7,37 son créditos "ordinarios" y los 2,45 millones restantes son deuda "subordinada", es decir, la última que se tiene derecho a cobrar.

También reclaman dinero a Afypaida el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que pide 69.000 euros; la Tesorería General de la Seguridad Social, 25.000 euros; la Diputación de Araba, 7.225 euros; el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 51 euros; y la Agencia Tributaria, 48 euros.

En ese listado de acreedores también figura el Gobierno Vasco, que a través del área de Justicia y Administración Pública reclama la devolución de 36.531 euros, aunque las ayudas que en su día el Ejecutivo autonómico dio al proyecto alcanzaron los 2,7 millones.

Sin embargo el Gobierno Vasco ha defendido en varias ocasiones que no encuentra motivos para reclamar ese dinero porque no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.

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