España y Euskadi defienden ante Luxemburgo las 'vacaciones fiscales'

España ha vuelto a defender hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) las ayudas otorgadas en Euskadi en la década de los 90 a nuevas empresas, las conocidas como ''vacaciones fiscales" vascas, declaradas ilegales por la Comisión Europea y el Tribunal de Primera Instancia. Las tres diputaciones forales vascas, avaladas por el Abogado del Estado y el Gobierno Vasco, han comparecido en una vista en la sede de la máxima instancia judicial europea para explicar los recursos que presentaron contra la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre. La patronal empresarial vasca Confebask no ha estado representada hoy en Luxemburgo por "dificultades económicas", según ha comentado el diputado foral de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga al término de la vista. Como partes afectadas han acudido también representantes de la Comisión Europea y de la comunidad autónoma de La Rioja, que promovió las denuncias contra los regímenes fiscales vascos y apoya en el proceso al Ejecutivo europeo. Las diputaciones han solicitado la anulación de la resolución en primera instancia, así como la decisión por la cual el Ejecutivo de la UE declaró las facilidades tributarias ilegales y ha exigido la devolución de las ayudas por parte de los beneficiarios.

Fallos de procedimiento El representante legal de las diputaciones de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y la CAV ha destacado los numerosos fallos de procedimiento en que incurrió la Comisión y ha subrayado que Bruselas no advirtió de que las ayudas podían ser ilegales tras su primer análisis, a partir de la denuncia de 1994.

El diputado foral de Bizkaia ha estimado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE tardará sólo "dos o tres meses", ya que no se precisarán conclusiones generales del abogado general antes del pronunciamiento, lo que agiliza un proceso que de media suele alargarse más de 15 meses. "No vamos a dar por perdido ningún partido antes de jugarlo", ha asegurado Iruarrizaga, quien ha considerado que las diputaciones, España y el Gobierno Vasco han aportado "argumentos sólidos" para justificar su petición de anulación de la sentencia de 2009.

Por su parte, el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, ha dicho que "en principio, la impresión de la delegación vasca es buena".&' || 'nbsp;

El diputado foral de la Hacienda de Álava, José Luis Cimiano, ha coincidido con Iruarrizaga en la tardanza injustificada de la actuación de la CE. "Apelamos a la confianza legítima que han tenido estas empresas y nosotros mismos en la creencia de que esta normativa era plenamente vigente porque era exactamente la misma que tenían en el Estado y la misma que tenían en la comunidad autónoma de Navarra", ha añadido.

Abogado del Estado

El Abogado del Estado, que ha comparecido en representación del Reino de España, ha intervenido hoy por primera vez en el proceso ante la "gravedad" de la situación y la "indefensión" de las provincias vascas y ha recalcado que el mismo tipo de regímenes fiscales se adoptaron en Navarra sin motivar acciones de la Comisión. Ha incidido también en que el comportamiento del Ejecutivo de la UE fue "irregular" y constituyó un "trato discriminatorio" al exigir una recuperación de las ayudas que además es excesiva. Ambos letrados insisten en que la duración del proceso de evaluación de la CE durante más de seis años y medio fue injustificada y en ningún caso debida a la falta de colaboración de las autoridades españolas o vascas.

Comunidad Europea Los representantes de la Comunidad Europea, por su parte, han subrayado que no puede entenderse el "silencio" de la Comisión como una confirmación de la legalidad de las ayudas y han destacado la incapacidad de las diputaciones para aportar pruebas claras sobre el supuesto respaldo comunitario a los regímenes fiscales vascos. Ante este argumento, los gobiernos provinciales han alegado que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de derecho al no aceptar pruebas documentales que probaban que Bruselas había indicado que daba por concluido el examen previo para determinar si las medidas se ajustaban a la legislación comunitaria. La vista de hoy se ha centrado en la exención fiscal del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas entre 1993 y 1994 en el País Vasco durante sus primeros diez años de vida, siempre que tuviesen un capital mínimo de 120.202 euros, invirtiesen más de 480.810 euros y generasen al menos diez empleos. Pueden pasar varios meses hasta que los jueces de Luxemburgo dicten sentencia firme. Según fuentes del Tribunal, estos procedimientos pueden extenderse más de 15 meses de media, pero en este caso podría ir más rápido dado que no se requerirán conclusiones generales del abogado general antes del pronunciamiento.