Presidenta del Parlamento catalán: 'La declaración sigue vigente'

La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha afirmado que la declaración de soberanía de Cataluña que aprobó la Cámara sigue vigente aunque ayer el Tribunal Constitucional admitiera a tramite la impugnación del Gobierno central y lo suspendiera provisionalmente. De Gispert argumenta que es un texto sin efectos jurídicos y sólo expresa una posición política fruto de la voluntad mayoritaria de los diputados.

En rueda de prensa De Gispert ha recalcado que la Cámara catalana ya se había posicionado anteriormente en varias ocasiones sobre la autodeterminación, y nunca antes esta vocación se había recurrido.

Tras reunirse la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento para abordar la admisión a trámite de la declaración por parte del TC, De Gispert ha concretado que la próxima semana se constituirá la comisión parlamentaria para estudiar el 'derecho a decidir', cuya creación se acordó el miércoles con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP.

De Gispert ha señalado que "algún grupo parlamentario" ha planteado la posibilidad este jueves de no constituir la comisión sobre la autodeterminación, a la espera del posicionamiento definitivo por parte del TC ante la declaración de soberanía. Ante esta petición, ha habido una mayoría de grupos que ha considerado que la declaración y la comisión parlamentaria sobre la autodeterminación son dos asuntos distintos, que no están asociados necesariamente.

Además, ha insistido en que la declaración de soberanía "no tiene efectos resolutorios y normativos" y que si finalmente se suspendiese, supondría cuestionar el principio democrático de cualquier cámara de representantes de poder expresar lo que piensan una mayoría de sus componentes.

De Gispert ha expresado su confianza en que el TC no aprecie inconstitucionalidades en la declaración de soberanía: "Confío en su objetividad y en los conocimientos jurídicos y técnicos de sus representantes".

Por otra parte, ha señalado que la declaración "ni presupone la independencia ni el Estado propio", sino que se limita a señalar que los catalanes tienen el derecho a ser consultados sobre cómo tienen que ser las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado.