Política -

Fin de la doctrina Parot

La Audiencia Nacional ha recibido ya 49 peticiones de excarcelaciones

En la reunión de este viernes, el pleno de la AN no entrará al fondo de las peticiones, sino que decidirá si las estudia una a una o en bloque.

Los jueces del Tribunal de Estrasburgo que tumbaron la doctrina Parot. EFE
Los jueces del Tribunal de Estrasburgo que tumbaron la doctrina Parot. EFE
Los jueces del Tribunal de Estrasburgo que tumbaron la doctrina Parot. EFE

Redacción

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La Audiencia Nacional ha recibido ya 49 peticiones de excarcelación de presos de ETA que reclaman que se les aplique la sentencia dictada el pasado lunes por el Tribunal de Estrasburgo que declaró ilegal la doctrina Parot, según han informado fuentes jurídicas.

La tramitación de estas 49 peticiones será estudiada este viernes en el pleno ordinario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el martes acordó excarcelar a Inés del Río tras permanecer 26 años y dos meses en prisión en cumplimiento del fallo de la Corte europea que le afectaba directamente.

El pleno no entrará en el fondo de esas peticiones, solo decidirá si las estudia una a una o en bloque o si corresponde el análisis al pleno o a las respectivas secciones que dictaron las condenas, ya que únicamente revisará los casos de la Josefa Mercedes Ernaga, una de las responsables del atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona, y de Manuel Piriz López, condenado por asesinato y por disparar a dos policías en 1984.

Los abogados de Inés del Río ya anunciaron su intención de solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot, por lo que con toda probabilidad seguirán entrando peticiones en este sentido en los próximo días.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han mostrado convencidas de que las liberaciones no serán sistemáticas porque se va a estudiar caso por caso y se van a tener además en cuenta informes sobre la conducta de los presos, ya que en algunos casos un mal comportamiento supondría la exclusión de beneficios penitenciarios.

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