Los jueces piden ampliar la prescripción de los delitos de corrupción

Los jueces decanos han propuesto hoy ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas.

Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado hoy en Valencia por los jueces decanos de España.

Los decanos han planteado una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra la corrupción y abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga cabida esta lacra social.

Además de la ampliación del plazo de prescripción, proponen agravar las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, entre los que han citado el tráfico de influencias y la prevaricación.

También proponen agravar las penas a conductas que "indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción" -como no denunciarla- y dotar "de manera inmediata" de refuerzo a los juzgados que lo precisen, "especialmente si se trata de corrupción".

Otra de las medidas propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destacan la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

La limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, "salvo en casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas", es otra de las medidas apuntadas por los decanos.

Del mismo modo, sugieren la especialización de juzgados y tribunales provinciales o autonómicos para instruir y enjuiciar delitos económicos, eliminar la competencia del Tribunal del Jurado para los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción y revisar los aforamientos, porque en ocasiones "entorpecen y ralentizan los procesos".

Por otro lado, ven necesario más medios para la Fiscalía Anticorrupción y los grupos especiales dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera, la creación de un cuerpo de peritos contables exclusivo al servicio de los juzgados y tribunales y "fomentar la colaboración con la Justicia de Hacienda, Banco de España, Patrimonio y la Intervención General del Estado".