Los acusados de integrar la red de extorsión niegan relación con ETA

La Audiencia Nacional ha dado inicio este lunes al juicio contra siete supuestos miembros del aparato de extorsión de ETA, que actuaba en torno al bar Faisán de Irun. Cinco acusados de pertenecer la red de extorsión han negado en el juicio relación alguna con ETA y que se dedicaran al cobro del denominado "impuesto revolucionario" entre 2005 y 2006.

La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio de Ramón Sagarzazu Olazagirre, Jean Pierre Harakorene Camio, Emilio Castillo González, José Carmelo Luquin e Inazio Aristizabal, cinco de los siete acusados por su relación con esta red, ya que Jesús Iruretagoiena ha muerto y Alfonso Martínez de Lizardui queda exento de la vista por su mal estado de salud y avanzada edad.

Los acusados han justificado en la vista las cartas que manejaron y las conversaciones que mantuvieron con Elosua alegando que eran para publicidad, para la entrega de entradas para partidos de pelota, para felicitaciones de Navidad, sobre facturas de compraventa de vino e incluso para hablar de la tregua de ETA, pero en ningún caso para extorsionar.

Declaraciones

Jean Pierre Harakorene ha recordado que trabajaba como periodista deportivo, que su relación con Elosua era de amistad y ha negado que formara parte de la red e incluso ha asegurado que cuando algún conocido de alguien extorsionado hablaba con él del asunto siempre intentaba decirles que no pagaran.

Emilio Castillo ha relatado que se dedicaba a repartir publicidad para sacar algún dinero y ha negado que fueran sobres con cartas de ETA enviadas, entre otros, al cocinero Juan María Arzak.

Inazio Aristizabal ha recordado que cuando fue detenido le dijo al juez que "tenía la sensación de estar inmerso en un sueño profundo" y ha asegurado que la conversación que tuvo con Elosua en las que hablaron de dinero era por unas facturas de una compraventa de vino, pero no para temas relacionados con el impuesto revolucionario.

Ramón Sagarzazu ha negado que participara en la red de extorsión y ha comentado que dejó de colaborar con ETA en 1986, además de recordar que a los cinco meses de morir su mujer su hijo, que ha calificado como "patriota vasco", fue detenido y encarcelado en Francia.

Jose Carmelo Luquin, yerno de Elosua, que tenía una perfumería junto al bar Faisán, ha dicho: "Nunca he distribuido cartas de extorsión. Está en contra de mis principios".

El juicio seguirá este martes a las 10:00 horas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) con la declaración de testigos.

Caso Faisán

El bar Faisán de Irun saltó a la fama después de que un chivatazo policial al propietario de este bar, Joseba Elosua –ya fallecido-, desbaratara una operación policial ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska en el año 2006.

El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esta delación a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.

Fiscalía

El fiscal reclama las mayores penas, 8 años de cárcel, para Alfonso Martínez de Lizardui, Ramón Sagarzazu Olazagirre, Jean Pierre Harakorene Kamio y Emilio Castillo González por el delito de integración en grupo terrorista, y otros 6 años para José Carmelo Luquin (yerno de Elosua), Inazio Aristizabal y Jesús Iruretagoiena de la Fuente por un delito de colaboración.

El Ministerio Público les acusa de formar parte de una subestructura de ETA llamada Gezi (Punta de flecha), liderada supuestamente por Joseba Elosúa.

Según el fiscal, esta red proponía al jefe del aparato militar de ETA empresarios a los que cobrar el impuesto revolucionario y distribuía las cartas de extorsión.

Entre las empresas a las que se extorsionó figura Azkoyen. Cinco miembros de su Consejo de Administración (Jesús Marcos Calahorra, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno) también estaban procesados en el caso por supuestamente acceder a pagar a la banda 37 millones de pesetas de las arcas de la compañía, pero el tribunal ha dado traslado del caso a los tribunales de Navarra.

La Fiscalía considera este pago constitutivo de un delito de administración fraudulenta y les pedía por ello seis meses de prisión y que reintegren el dinero a la compañía.