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El PP pide a Urkullu que lleve el caso de los comedores a la Fiscalía

Si no, será el propio PP el que acuda a la Fiscalía Anticorrupción, y la consejera de Educación, Cristina Uriarte, le ha respondido que es “pronto” para saber cómo actuarán.

El parlamentario popular Iñaki Oyarzábal. FOto: Efe
El parlamentario popular Iñaki Oyarzábal.
El parlamentario popular Iñaki Oyarzábal. FOto: Efe

agencias | redacción

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El PP ha reclamado hoy al Gobierno Vasco que ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el caso de los comedores escolares de la CAV y ha anunciado que si no lo hace lo hará el partido.

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha comparecido ante el pleno del Parlamento para responder a tres interpelaciones de EH Bildu, el PP y UPyD sobre la sanción de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) a las ocho empresas que han prestado durante una década el servicio de comedores escolares públicos.

Durante el debate, el parlamentario popular Iñaki Oyarzábal ha reclamado al Gobierno Vasco que ponga en conocimiento del Ministerio Público este caso y ha asegurado que lo hará el PP si no lo hace el Ejecutivo vasco.

La consejera Uriarte ha reconocido la "gravedad" de lo sucedido y ha recordado que el primer perjudicado por esta concertación de las empresas es la Administración pública.

Ha advertido la complejidad de la situación, en la que, previsiblemente, las empresas recurrirán la sanción y ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están analizando todas las circunstancias que rodean a caso, por lo que es "pronto" para saber cuál va a ser su posición en el futuro.

Por último, ante las críticas de fraude que hizo públicamente hace unos días Oyarzábal, la consejera ha dicho que este asunto "no se parece en nada al caso Pujol, ni a los ERE de Andalucía, ni al caso Bárcenas, Camps, Gürtel o Púnica".

El parlamentario popular ha concluido que este "escándalo" de "proporciones millonarias", en el que el Gobierno Vasco ha pagado de más unos 200 millones de euros, no ha podido ser posible sin la "connivencia necesaria" del Departamento de Educación, de técnicos o políticos.

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