Política -
CASO NÓOS
La Fiscalía mantiene 19 años de cárcel para Urdangarin
El Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.
AGENCIAS | REDACCIÓN
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.
Según han informado fuentes jurídicas, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.
La quincuagésima quinta sesión del juicio del caso Nóos, en la que las acusaciones presentarán sus conclusiones y están presentes los 17 acusados, incluida la infanta Cristina, ha comenzado sobre las 11:10 horas con la prueba documental.
La infanta Cristina y su marido han llegado a las 10:40 horas a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) para asistir a la sesión. Está previsto que la prueba documental sea breve porque las partes ya han ido introduciendo la mayoría de los documentos a lo largo de la vista y, posteriormente, darán comienzo las conclusiones.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Manos limpias mantiene la acusación
El sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, habría cometido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento.
