Política -
Juicio
El exalcalde de Bakio dice que no perdonó dinero a una adjudicataria
Este martes ha comenzado el juicio contra el exalcalde jeltzale, Txomin Renteria, acusado de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Esleipendunari ez ziotela dirurik barkatu esan du Bakioko alkate ohiak
El que fuera alcalde de Bakio entre 1995 y 2011, Txomin Rentería (PNV), ha asegurado hoy en el juicio que se sigue en su contra que no perdonó "ni un euro" a la empresa adjudicataria del proyecto Talasoterapia Kiura en el municipio. Es más, ha manifestado que consultó la modificación con el secretario municipal y que "nadie" le comentó que se estaban alterando unas cláusulas "que no podían alterarse".
Este martes ha comenzado el juicio contra el exalcalde jeltzale, acusado de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública por dicho proyecto de talasoterapia.
El proyecto Talasoterapia Kiura constaba de la construcción y explotación de un centro de talasoterapia en la localidad así como de los servicios públicos de la playa de Bakio.
Por problemas de permisos de las instituciones implicadas, según el relato del alcalde, la empresa retrasó el inicio de la obra así como el pago del canon correspondiente a la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por ocupación de los terrenos necesarios para ejecutarla.
Entonces el alcalde planteó al secretario municipal la posibilidad de que en el contrato se modificara una cláusula del pliego de adjudicación para demorar los plazos del pago del canon.
El Ministerio Fiscal considera que esta modificación es constitutiva de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por lo que pide unas penas de tres años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. También pide que se indemnice al ayuntamiento con 470.000 euros, ya que el consistorio pagó finalmente el canon a Costas. La acusación particular, que representa a EH Bildu, partido que gobierna en Bakio en esta legislatura, pide diez años de inhabilitación y la misma indemnización que la Fiscalía, mientras que la defensa solicita la absolución.
El centro de talasoterapia no se llegó a construir y la empresa adjudicataria ya no existe.