La plataforma Altsasu Gurasoak pide amparo a las instituciones

Una representación de la plataforma Altsasu Gurasoak ha pedido "amparo" a las instituciones en una comparecencia en el Parlamento de Navarra en la que ha instado a los grupos políticos a mostrar "arrojo" y tomar decisiones en favor de la justicia, de defensa de las garantías jurídicas, el principio de proporcionalidad y de la igualdad de trato.

"La respuesta que se dé en nuestro caso puede ser un ejemplo de cómo abordar situaciones injustas" ha sostenido Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, quien ha estado acompañada por Amaia Amilibia, madre de Jon Ander Cob, la profesora de Derecho Penal de la UPNA, Paz Francés, y Aritz Leoz, de la plataforma Altsasukoak aske.

Su comparecencia ha tenido lugar en vísperas de que el Tribunal Supremo revise la condena a entre 2 y 13 años que impuso la Audiencia Nacional a ocho jóvenes de Alsasua por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas . El 18 de septiembre tendrá lugar la vista, después de que la Fiscalía pidiera al Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que determinó que la pelea con dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016 no fue terrorismo.

Como "desgarradora" ha calificado la situación que están viviendo Pozueta, quien ha denunciado la aplicación "ilegal" de la prisión preventiva y las consecuencias de una "acusación judicial extraordinaria" por una acusación de terrorismo inicial, de la que han sido absueltos.

Las consecuencias "están siendo devastadoras", ha sostenido visiblemente emocionada Amilibia, quien ha asegurado que son "vulnerados derechos fundamentales básicos" y ahí quieren que los responsables políticos se alcen. Ha pedido respeto al derecho de la presunción de inocencia, a la intimidad y al honor, el derecho a un juicio justo equitativo y proporcional y ha alertado del riesgo que conlleva la aplicación de la "agravante por discriminación ideológica".

Por su parte, Francés ha apuntado que lo que ha pasado en este caso "no es una cuestión meramente de discrepancia jurídica, es algo mucho más serio" y es que se trata de una "cuestión de derechos humanos", por lo que debe "preocupar" y "ocupar" a las instituciones.