Los gobiernos vasco y español negociarán el 'decreto digital' para evitar el recurso

Los gobiernos vasco y español han acordado abrir un periodo de negociación bilateral de 6 meses para dirimir las diferencias en torno al 'decreto digital' para dirimir las diferencias existentes sobre el alcance y contenido del decreto ley, y evitar "la judicialización".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero y portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó una resolución que instaba al Gobierno autonómico a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. No obstante, en virtud del acuerdo suscrito entre el PNV y el PSOE para la investidura de Sánchez se ha decidido negociar. El pacto señalaba que ambos gobiernos trabajarían "para sustituir la judicialización de las discrepancias por el acuerdo político".

De esta forma, antes del 5 de febrero, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y él mismo, como consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, remitirán un escrito conjunto al Tribunal Constitucional para comunicar la apertura del proceso de negociación en el seno de la comisión bilateral de cooperación.

Josu Erkoreka ha explicado que este decreto ley aprobó en un contexto "de máxima tensión entre el Gobierno español y el catalán", que en la actualidad no existe. El Gobierno Vasco considera que el decreto, "bajo el pretexto de garantizar la seguridad pública, el orden público o la seguridad nacional, instaura un sistema de control ilegítimo, desmedido y jerárquico en un Estado descentralizado que vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de Euskadi". Según Erkoreka, en concreto lo hace en dos casos: la identificación y firma electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, y  la seguridad en materia de telecomunicaciones.

Además, el Ejecutivo autonómico cree que "hay una falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones, ya que hay previstas medidas innecesarias y excesivas, cautelarísimas". Finalmente, el Gobierno Vasco cree que esta norma "afecta de una manera grave y restrictiva a los derechos y libertades fundamentales de los artículos 18 y 20 de la Constitución Española" y con ello, a la libertad de expresión.