El Gobierno español saca adelante su decreto de Justicia con el apoyo del PNV y ERC

El pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto de medidas organizativas y procesales diseñadas para evitar el colapso de la Justicia, un proyecto que ha recibido numerosas críticas en el hemiciclo y que el Gobierno español ha conseguido sacar adelante con el apoyo del PNV y de ERC.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, como han reclamado los republicanos catalanes, ha recibido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y ha pedido sin éxito a esos partidos que estuvieran a la altura de sus correligionarios con responsabilidades de gestión.

Ambas formaciones han dicho "no", al igual que Vox, la CUP y JxCat, entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.

ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente de la conselleria de Justicia, ha optado sin embargo por el sí. Cree que el decreto "se queda corto", pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto, cuya habilitación ha suscitado críticas casi unánimes, quede reservado solo para vistas urgentes.

"Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor", ha dicho el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para explicar su apoyo.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha reconocido que puede haber cuestiones "mejorables", pero ha garantizado que se intentarán recoger todas las preocupaciones de la oposición, de los operadores jurídicos y de los sindicatos.

En la abstención se han situado tanto el BNG como Compromís, formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y EH Bildu, que opina que el fomento de las vistas telemáticas, "sin formación ni cultura digital, es una huida hacia delante".

El Partido Regionalista de Cantabria ha apoyado el decreto.

Las novedades del decreto

Además de habilitar del 11 al 31 de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales.

Prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores; moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o despidos.

El ministro de Justicia ha advertido del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica tras la pandemia y ha estimado que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246 % este año y un 619 % en 2021.

"De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.0000 el próximo año", ha alertado en el pleno, donde ha llamado a la "responsabilidad colectiva" para sacar adelante el decreto.