Los terroristas muertos por manipular bombas no serán víctimas

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha asegurado este miércoles que el decreto de ayudas para víctimas de abusos policiales que prepara el Gobierno Vasco no reconocerá como tales a terroristas que, por ejemplo, hayan fallecido al explotar la bomba que estaban manipulando.

Pastor, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica, se ha referido de esta forma a un decreto que el Ejecutivo vasco pretende aprobar en 2012, en el que se podrían contemplar ayudas de hasta 390.000 euros para damnificados por "abusos" cometidos por las fuerzas policiales entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.

El dirigente socialista ha explicado que aún no se ha establecido un censo sobre los potenciales beneficiarios de estas prestaciones. No obstante, ha indicado que se establecerá una lista cuando hayan concluido los estudios destinados a analizar "quienes son de verdad víctimas y quienes no".

Pastor ha reiterado el mensaje difundido por el Gobierno vasco desde que anunciara su intención de crear este decreto. "Los que no van a ser víctimas son aquellos terroristas de ETA que, por ejemplo, han resultado muertos poniendo un artefacto explosivo", ha advertido.

El portavoz del PSE ha recordado que en un censo efectuado durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe "existían algunas de estas personas". Pastor ha explicado que, una vez se determine qué casos pueden acogerse a este decreto, las personas que se encuentren en esa situación "se irán incorporando y serán objeto de las posibles indemnizaciones.

"Un etarra a quien le explota una bomba no es una víctima política"

El exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco Jon Landa ha opinado hoy que un etarra a quien le explota una bomba durante el manejo del explosivo no es un caso de violación de derechos humanos, por lo que este caso no debería ser incluido entre las víctimas de motivación política.

Landa ha comparecido en la ponencia parlamentaria de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de motivación política en su calidad de exdirector de Derechos Humanos, etapa en la que elaboró un informe de víctimas de motivación política que no logró el consenso político, y en el que se identificaba a 109 muertos y 538 heridos, víctimas atribuidas a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a agentes fuera de servicio así como a grupos parapoliciales y de extrema derecha.

Tras su intervención en la ponencia, que fue constituida en la Cámara vasca el pasado 11 de julio, Landa ha considerado que el decreto no debe contemplar sólo indemnizaciones a estas víctimas porque sería "errado" e "indigno", sino que tiene que incluir elementos de justicia y reconocimiento y posteriormente elevarse a rango de ley.

Además, ha criticado que en el borrador del decreto sólo se hable de víctimas fallecidas o con lesiones permanentes y ha pedido que se abra también al resto que actualmente no tiene secuelas físicas.

Ha reclamado que el Estado reconozca el daño causado por violaciones de derechos humanos y también que la comisión de evaluación de las víctimas o "comisión de la verdad" que se cree sea independiente y tenga un blindaje financiero porque "no puede tener la última palabra" en este aspecto el Gobierno Vasco, como se pretende, ha dicho.