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10/05/2021

16:02

Política

Audiencia Nacional

La defensa del sumario 13/13 reclama la “nulidad” del proceso por “irregularidades”

agencias | eitb media

Diez personas, entre ellas tres abogados, fueron detenidas acusadas de pertenecer a una red que controlaba a los presos de ETA.

  • Imagen de archivo de algunos de los acusados en el sumario 13/13. Foto: EiTB

    Imagen de archivo de algunos de los acusados en el sumario 13/13. Foto: EiTB

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Abogados defensores en el sumario 13/13, por el que se detuvo a diez personas acusadas de pertenecer a una red que controlaba a los presos de ETA, entre ellas a tres letrados, han denunciado que el procedimiento judicial está "viciado de nulidad desde su origen" como consecuencia de "irregularidades en registros de despachos de abogados, escuchas ilegales del CNI, evidencias de tortura y malos tratos y vulneración del 'non bis in ídem'".

En rueda de prensa en Bilbao, y ante el inicio del juicio fijado para el próximo 12 de julio, han recordado que el origen de este caso se encuentra en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil el 14 de abril de 2010 en Bizkaia y Gipuzkoa. En esta operación, se detuvo a 10 personas, entre ellas a tres abogados, y "la misma se describió como un golpe policial a la red que controlaba a los presos de ETA", han apuntado.

Tras señalar que se realizaron registros en dos despachos de abogados, en Hernani y en Bilbao y que las personas detenidas estuvieron "cinco días incomunicadas en dependencias policiales", los abogados han indicado que en el procedimiento "se constata cómo los teléfonos de los abogados, hoy acusados, estaban intervenidos por el CNI, tanto voz como mensajes SMS, al menos desde el año 2008".

Así, han asegurado que "los servicios secretos escuchaban a los abogados, pudiendo conocer furtivamente todas sus estrategias de defensa".

"La evidencia es clara: una intervención de comunicaciones como esta no responde a las garantías y requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son nulas y vician desde el comienzo todo el procedimiento judicial", han mantenido los abogados.

Por otro lado, han precisado que en el origen del procedimiento se sitúa en "un informe de la Guardia Civil que identifica y señala a las personas a la postre detenidas partiendo de una premisa concreta: la identificación de David Pla en una cita en Francia con un supuesto miembro de la dirección de ETA el 17 de mayo de 2008". "La sorpresa es mayúscula cuando se comprueba y acredita que ese día Pla se encontraba en otro lugar visitando a su pareja en prisión", han advertido, para añadir que Pla fue puesto en libertad.

También han indicado que, tras uno de los registros "se encontró un documento operativo y orgánico de la Guardia Civil que contemplaba la organización y forma de llevar a cabo la operación policial y que fue aportado al procedimiento por las defensas".

En el mismo, han detallado, "se asignan equipos de interrogatorios de hasta cinco agentes a los detenidos, se señalan los diferentes tratamientos a dar a los detenidos (trato 'exquisito en todo momento' para los abogados y tratamiento dirigido 'a obtener una manifestación que ratifique las imputaciones judiciales' para resto de los detenidos) y se concreta la participación del CNI en la operación".

Los abogados han afirmado que "las torturas se encuentran acreditadas en los informes médico-forenses, por los Protocolos de Estambul realizados y por estar incluidos en el Informe del Gobierno Vasco dirigido por Paco Etxeberria".

Por otra parte, han recordado que fue el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien "dirigió la operación policial, y lo primero que hizo fue anular el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces de guardia, que había adoptado medidas para evitar los malos tratos y que había ordenado grabar a los detenidos mientras permanecieran en dependencias policiales y permitir examen de médicos de confianza".

Según han denunciado, "el secreto profesional es violado de forma palmaria y evidente, pues se llevan correspondencia confidencial entre abogado y clientes presos y expedientes judiciales de los abogados con estrategias de defensa. Además, han indicado que, en el caso del despacho de Bilbao, "incluso el letrado enviado por el Colegio de Abogados de Bizkaia hace constar una protesta formal por vulneración de derechos fundamentales y el secreto profesional". 

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