Justicia plantea "universalizar y sistematizar" los encuentros restaurativos penitenciarios

El borrador de la "Estrategia de justicia restaurativa vasca 2022-2025" se plantea como objetivo "universalizar, sistematizar y consolidar" los programas de encuentros restaurativos en el ámbito penitenciario en los que víctimas y victimarios determinarán si es adecuado para ellos.

"No existe en la actualidad una normativa clara que regule el proceso, su derivación y sus consecuencias", ha afirmado el director de Justicia del Gobierno Vasco, Eugenio Artetxe, durante la inauguración de una jornada titulada 'La Justicia Restaurativa en las prisiones' celebrada este jueves y a la que también ha asistido la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal.

Artetxe ha citado que el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) atendió a 2272 personas en 2020; el Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativas llevó a cabo unas 6000 ejecutorias de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) y que el propio Servicio de Justicia Restaurativa, que actúa por derivación judicial en instrucción y enjuiciamiento penal, trabajó en 1260 casos en 2019.

También ha recordado las "experiencias" en este ámbito penitenciario como los encuentros de la vía Nanclares, entre familiares de víctimas y presos de ETA, o programas del voluntariado en Zaballa (79 personas entre 2012-2019).

En relación a los procesos restaurativos con personas vinculadas a ETA, la consejera Artolazabal ha dicho que "trabajamos ya y vamos a seguir trabajando con determinación desde la discreción" y ha considerado que la justicia restaurativa "puede ser de gran utilidad para seguir avanzando en la convivencia en Euskadi, tras las sangrientas décadas de terrorismo de ETA".

Artetxe ha precisado, no obstante, que el acceso a la justicia restaurativa sigue dependiendo del tipo de delito (principalmente leves), la edad del delincuente y la etapa del proceso, "sin que exista una normativa clara que lo regule, ni información y formación suficiente entre los operadores jurídicos, ni estándares sobre el estatus y el procedimiento de los facilitadores".

Por ello se ha elaborado el borrador de la estrategia, que consta de tres ejes (acceso, conocimiento y confianza y cambio cultural), con 18 objetivos y 77 acciones.

Esta propuesta se está contrastando en la actualidad con los operadores del sistema penal y penitenciario para incorporar sus aportaciones y también se espera recoger conclusiones de las experiencias que se debatan durante la jornada de hoy, según ha puntualizado Artetxe.