La UE trata de acordar las bases para una agricultura ecológica común

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tratarán de consensuar este lunes las bases de las nuevas normas para la agricultura ecológica que deberán negociar en los próximos meses con el Parlamento Europeo y la Comisión, pese a las diferencias que aún les separan en cuestiones como el control de los productos o la tolerancia a la presencia de sustancias no permitidas.

La agricultura ecológica disfruta de una evolución positiva tanto en la producción como en la demanda, lo que ha llevado a la Comisión a buscar el modo de armonizar los criterios y tratar de impulsar su desarrollo y ganar mercados. El punto de partida que marcó Bruselas, sin embargo, ha sido visto como un enfoque "rígido" por algunos países, que temían que se pusiera en peligro parte de la agricultura ecológica, según explican fuentes europeas.

El estado español, con un gran interés en este sector que ocupa cerca de 1,6 millones de hectáreas de su terreno agrícola, es partidaria de la armonización que defiende Bruselas para dar mayores garantías a los consumidores y asegurar los mismos controles y umbrales de tolerancia en todos los Estados miembros y en todas las cadenas de distribución.

Los países se encuentran divididos sobre los controles para las explotaciones. Países como España defienden los controles anuales mientras que varios países del norte, como Alemania o Suecia, que son partidarios de una menor regulación para estas cuestiones.

Entre los flecos aún abiertos en la discusión entre ministros queda por ver también cómo regular las importaciones de terceros países que en su lugar de origen son certificadas como producciones ecológicas, con el objetivo de que cumplan las mismas exigencias que se aplican a los europeos y estén "en pie de igualdad". Un alto funcionario europeo explica que el sistema actualmente en marcha es "poco vigilante" y se quiere revisar sus criterios para asegurar la equivalencia.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, que heredó esta propuesta de su predecesor, Dacian Ciolos, se ha dado de plazo hasta junio aproximadamente para tratar de cerrar un acuerdo con el Consejo y el Parlamento Europeo, tras lo cual podría aparcar la revisión de las normas si no hay un acuerdo.

Sin embargo, las fuentes consultadas ven poco probable un acuerdo para esa fecha dado que el Consejo aún no ha fijado su posición negociadora y la Eurocámara apenas ha debatido la cuestión.