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18/01/2021

12:54

Sociedad

GIPUZKOA

Piden dos años y medio para la acusada de llevarse a su hija donostiarra a Polonia

O. A. | EITB MEDIA

La vista estaba prevista para este lunes, pero ha sido suspendida por la incomparecencia de la procesada que iba a declarar desde Polonia por videoconferencia.

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La Fiscalía de Gipuzkoa reclama dos años y medio de cárcel para la ciudadana polaca que en 2014 se llevó a su país a su hija sin el consentimiento del padre, un vecino de San Sebastián de nacionalidad peruana, que desde entonces mantiene un proceso judicial con la madre de la menor, quien por entonces tenía tres años.

La acusación particular, que ejerce la letrada María Chouza Figueroa, en representación del padre, eleva su petición de condena hasta los cuatro años de prisión, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito continuado de desobediencia a la autoridad y de otro de sustracción de menor, mientras que el Ministerio Público tan sólo acusa por este segundo delito.

Estaba previsto que el juicio por estos hechos se celebrara este lunes en San Sebastián, aunque la vista ha tenido que ser suspendida por la incomparecencia de la procesada, quien había sido citada en Polonia, desde donde debía testificar por videoconferencia.

Esta es la tercera ocasión en la que la inculpada no se presenta a juicio, después de que las autoridades polacas no atendieran la euroorden que España cursó en su contra por entender que la mujer podría ser responsable del secuestro de su hija, después de haber ignorado tres órdenes judiciales para que restituyera a la pequeña, que en la actualidad ya tiene diez años.

La orden de detención, a cuyo auto ha tenido acceso EFE, pretendía "asegurar" la presencia de la fugitiva en San Sebastián para el juicio, algo que hasta ahora no ha sido posible ni siquiera a través de videoconferencia.

En el proceso de separación de la pareja, en julio de 2014, la mujer se fue a Polonia con la menor "sin el consentimiento" del padre.

Ahora, tras la cuarta incomparecencia a juicio de la acusada, la letrada de la acusación particular ha reclamado la imposición de una sanción económica por desobediencia a la mujer, quien ha sido declarada en rebeldía.

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