Los constructores vascos piden a las Administraciones mantener el esfuerzo inversor

Los constructores vascos han pedido a las Administraciones que recuperen su esfuerzo inversor en obra pública y vivienda, caído durante la pandemia, para poder afrontar la incertidumbre que sufre el sector este año.

Así lo ha expresado el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), Iñaki Urresti, quien ha presentado el informe sobre el año pasado en el sector de la construcción.

Urresti ha explicado que, tras tres años al alza, la construcción vasca ha recibido el impacto de la crisis pandémica con un recorte de la actividad, aunque ha mantenido el empleo.

El recorte en Euskadi ha sido del mismo porcentaje, del 24 %, tanto en la cuantía de la obra pública licitada durante el pasado año como en la producción de vivienda nueva.

El motivo fue la paralización en un primer momento, y posterior reactivación ralentizada, de los procedimientos administrativos de licitación.

Sin nuevos permisos, el sector ha ido tirando durante el año pasado de la obra y vivienda que ya estaba licitada, pero, según ha explicado Urresti, si este descenso se mantiene, "en un horizonte de dos meses habrá un claro descenso de la actividad constructora".

Por eso, ha pedido que se mantenga el esfuerzo inversor en obra pública y vivienda de las Administraciones, para que se renueven las carteras de pedidos de las constructoras.

El año pasado se redujeron tanto las obras públicas -en 2019 se licitaron 1.316 millones de euros y en 2020 se bajó a 1002-, como la producción de vivienda nueva, que sigue bajo mínimos y se vende todo lo que se construye.

En datos, el año pasado en la CAV se iniciaron un total de 4793 viviendas, el citado 24 % menos. De ellas, 3931 fueron libres y 862 protegidas, con unas variaciones de -6 % y -60 %, respectivamente. De ahí el llamamiento a las Administraciones para que recuperen su esfuerzo inversor.

Ascobi ha apostado por tres medidas concretas: la adecuación de los porcentajes de reserva de suelo a las necesidades actuales; la adecuación de los precios máximos de las viviendas de protección oficial a los costes de edificación actuales, después de diez años de congelación, y la agilización de licencias y permisos.