Economía -

Medidas del Gobierno de España

El Gobierno español aprueba nuevas medidas para hacer frente a la subida de las hipotecas

El Ejecutivo español acuerda un paquete de medidas para aliviar la situación financiera de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés. El objetivo es que el conjunto de medidas adoptado esté disponible desde el próximo 1 de enero.

Varias personas pasean por una calle de Bilbao. Foto: EITB Media.
Varias personas pasean por una calle de Bilbao. Foto: EITB Media.
El Código de Buenas Prácticas pretende reducir la carga hipotecaria de las familias vulnerables

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EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak hipoteken igoerari aurre egiteko neurri berriak onartu ditu

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprueba este martes un paquete de medidas que permitirá aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad en el Estado español por la subida de los tipos de interés. Según ha informado el Ejecutivo español, el objetivo es que el conjunto de medidas, que aligera la carga hipotecaria a más de un millón de hogares preservando la estabilidad financiera, esté disponible desde el próximo 1 de enero de 2023.

En este contexto, según informa el Gobierno de España, la ampliación del catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares les permitirá, por un lado, "disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva", y, además, "tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera".

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez precisa que, actualmente, hay en el Estado español 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor: "Gracias a las medidas de protección de rentas y a la bajada del stock de crédito", señala la fuente, "los hogares tienen una posición financiera más saneada, con más ahorro y menos endeudamiento que en el pasado. A esto hay que añadir que tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, que el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021, y que el porcentaje de hogares que dedica más de un 40 % de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido sustancialmente en los últimos años", destaca.

En esta línea, las medidas aprobadas actúan en tres vías: en primer lugar, "mejorando el tratamiento de las familias vulnerables"; en segundo lugar, "abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos"; y, en tercer lugar, "adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo".

Mejoras para el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012

De esta manera, el Gobierno de España explica que las medidas recogen mejoras para el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, que está aprobado desde 2012, "con el fin de adaptarlo a la situación actual"; los y las deudoras vulnerables "tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (Euribor - 0,1 %, frente al Euribor + 0,25 % actual)". Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda, y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

Además, "con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación", se permite que los hogares con una renta inferior a 25 200 euros al año (tres veces el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice empleado en el Estado español como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo) "que dediquen más del 50 % de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50 % del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años". El Ejecutivo español señala que se trata de una medida "necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca"; dichos hogares podrán recibir, así, un tratamiento adecuado.

El Gobierno de España explica que, con estas medidas, una familia con una hipoteca tipo de 120 000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés "verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50 %, hasta los 246 euros".

Nuevo Código de Buenas Prácticas

Además, la serie de medidas propone un nuevo Código de Buenas Prácticas, "para aliviar a deudores clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria", facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés. Son unas medidas de las que podrán beneficiarse los hogares "con renta inferior a tres veces y media el IPREM, 29 400 euros anuales, con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, con una carga hipotecaria superior al 30 % de su renta y que haya subido al menos el 20 %: "Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante doce meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años", precisa el Gobierno de España.

En paralelo, según la misma fuente, "se reducirán aún más los gastos y comisiones, para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo, y se eliminarán, durante todo 2023, las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo". Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera, y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, y de obligado cumplimiento una vez suscritos. Las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas, en caso de transmisión del crédito a un tercero.

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