El juicio del caso Faisán quedará visto para sentencia

El juicio del caso Faisán, sobre el presunto chivatazo a ETA en 2006, finaliza hoy con los informes de las defensas de los mandos policiales acusados, Enrique Pamies y José María Ballesteros, que intentarán convencer al tribunal de su inocencia como autores del soplo.

También expondrán sus conclusiones las acusaciones particulares, ejercidas por el PP, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.

Todas ellas ratificaron las penas carcelarias que pedían en un principio para los policías, de entre 7 años y medio y 8 años y medio en el caso del PP, 8 años y 8 años y medio la AVT, y 9 y 10 años Dignidad y Justicia.

El pasado jueves, el fiscal Carlos Bautista expuso en el juicio sus conclusiones y mantuvo también sus penas. Les acusa de revelación de secretos, delito por el que pide 1 año y medio de cárcel para Pamies y 2 años para Ballesteros, y, alternativamente, de colaborar con ETA, por el que reclama 5 años de prisión para cada uno.

Tras los informes de las acusaciones particulares y las defensas de los policías, a los dos acusados se les concederá el turno de última palabra, con lo que el juicio quedará visto para sentencia.

Declaraciones

Los peritos de la Guardia Civil han confirmaron que la cinta de vídeo que muestra a Ballesteros en el bar Faisán cuando se produjo el chivatazo a ETA tiene dos cortes y que han desaparecido de ella 3 minutos y 1 segundo.

El jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, aseguró que la filtración impidió recuperar 108.000 euros procedentes de la extorsión y frustró la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA hasta el punto de que a los detenidos no les incautaron "absolutamente nada".

El exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, aseguró que no hubiera "admitido" una orden política para parar la operación policial contra ETA en 2006.

Por su parte, el dueño del bar Faisán y miembro del aparato de extorsión de ETA, Joseba Elosua, ha reconocido que una persona le alertó por teléfono en 2006 de que se iba a detener a un miembro de ETA que conocía, llamada que le dejó "completamente abobado" y que sospechó que provenía de un policía.