Política -
En el Congreso
Podemos consigue el apoyo para tramitar su Ley de Emergencia Social
Se trata de un conjunto de medidas que se enmarcan en el llamado 'Plan 25', destinado a conseguir el cumplimiento efectivo del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Podemosek Gizarte Larrialdiko Legea tramitatzeko babesa jaso du
Podemos ha recabado en el Pleno del Congreso el apoyo de PSOE, Compromís, ERC, EH Bildu y Nueva Canarias para iniciar el trámite parlamentario de su proposición de Ley de Emergencia Social, una batería de medidas que se enmarcan en el denominado 'Plan 25' destinado a lograr el "cumplimento efectivo" del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La iniciativa parlamentaria ha cosechado el voto en contra de los 'populares' y la abstención de Ciudadanos, y de los independentistas de Democracia y Libertad y del PNV, por considerar que invade competencias autonómicas. Así, la iniciativa será tomada en consideración a última hora de esta tarde, si bien ante la previsible disolución de las Cortes no culminará con su tramitación.
Carteles representativos de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Al inicio del debate, los diputados del partido morado, encabezados por su líder, Pablo Iglesias, han alzado varios carteles representativos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según ha desgranado el dirigente de la formación morada, Rafa Mayoral, las cuatro medidas que pretende poner en marcha esta propuesta de ley son: la paralización inmediata de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, acabar con los cortes energéticos y los copagos sanitarios, y garantizar la alternativa habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista. Además, plantea ampliar el concepto de víctimas de esta lacra y considerar también a las de trata y de mutilación genital.
Altos índices de violencia de género
Entre otros puntos, ha alertado de los altos índices de violencia de género que acumula España, a la vez que ha avisado de que la pobreza no puede ser un "obstáculo" para que las mujeres tengan salida ante la violación de derechos humanos. "Es obligación de las administraciones públicas garantizarles una alternativa habitacional", ha defendido.
A su vez, ha rechazado que haya personas a las que se les prive de una atención sanitaria, como que los enfermos tengan que pagar copagos o "tengan que ocupar hospitales para recibir la medicación".
