El fiscal pide 3.860 años de cárcel para Mikel Karrera Sarobe

El fiscal ha elevado hoy de 3.498 a 3.860 años su petición de cárcel para el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Karrera Sarobe por ordenar el atentado con furgoneta bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos en 2009, al ser 160 los heridos y no 145 que contabilizó inicialmente.

La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el juicio de Mikel de Karikoitz Carrera Sarobe 'Ata' por esta causa en el que han solicitado la misma pena para él las acusaciones ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y a título particular varias víctimas mientras que la abogada del acusado ha pedido su absolución.

El acusado se ha negado a prestar declaración y durante la sesión de hoy han testificado Íñigo Zapirain y su compañera sentimental, Beatriz Etxebarria, ya condenados a 3.860 años de cárcel al igual que el también integrante del comando Otazua de ETA Daniel Pastor como autores materiales de este atentado, cometido en la madrugada del 29 de julio de 2009.

Ambos han negado conocer al acusado y han asegurado que declararon tras ser detenidos que Mikel Karrera fue quien les ordenó el atentado por las torturas que recibieron de guardias civiles que les obligaron con amenazas, incluso a ella con una agresión sexual.

Mikel Karrera ha sido condenado a sendas cadenas perpetuas en Francia por los asesinatos de dos guardias civiles -Fernando Trapero y Raúl Centeno- en Capbreton y del policía francés Jean-Serge Nérin, considerada la última víctima mortal de ETA, y el juicio que celebra la Audiencia Nacional es el único al que se someterá en España antes de ser devuelto al país galo.

Juicio en París

Por otro lado, El Tribunal de lo Criminal de París ha iniciado hoy el juicio contra los presuntos miembros de ETA Oier Gómez Mielgo e Itziar Moreno Martínez, acusados de haber tiroteado a cuatro gendarmes y de haber herido a uno pocas horas antes de su captura en Francia el 10 de abril de 2011.

Gómez  y Moreno, que se enfrentan al cargo de tentativa de homicidio voluntario de personas que detentaban la autoridad pública (por el que teóricamente, y con todos los agravantes, podrían ser condenados hasta a cadena perpetua), se han negado  a responder cuando han sido interrogados por la presidenta del tribunal, Jacqueline Audax, al inicio del proceso.