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El Gobierno español 'escuchará' propuestas sobre política penitenciaria

Política

Pacto Antiterrorista

El Gobierno español 'escuchará' propuestas sobre política penitenciaria

Agencias | Redacción

07/05/2018

Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Javier de Andrés, ha asegurado que mantendrán las exigencias a los presos de ETA.

  • Javier de Andrés, delegado del Gobierno Español en Euskadi. EFE

    Javier de Andrés, delegado del Gobierno Español en Euskadi. EFE

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El delegado del Gobierno de España en Euskadi, Javier de Andrés, ha afirmado que el Ejecutivo central "escuchará y atenderá" las propuestas sobre cambios en la política penitenciaria que le planteen los partidos políticos en la reunión del Pacto Antiterrorista que se celebrará esta semana, aunque ha insistido en que en esta materia no se aplicarán medidas "colectivas" y se mantendrá la exigencia del reconocimiento del daño causado para que los presos de la ya desaparecida ETA puedan acceder a las distintas fórmulas de reinserción.

Andrés, que este lunes ha firmado en Vitoria un acuerdo de cesión de documentos al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, se ha referido a la reunión del Pacto Antiterrorista que el Gobierno del PP espera celebrar esta semana con el resto de partidos para analizar la situación generada tras la disolución definitiva de ETA.

El delegado del Gobierno español en Euskadi ha explicado que el objetivo de este encuentro es tratar de buscar puntos de encuentro sobre la forma de afrontar este nuevo contexto. De Andrés ha precisado que, en todo caso, este es un debate que se abordará "con la mirada puesta en las víctimas del terrorismo" y desde los valores del Estado de Derecho.

De Andrés ha explicado que el Gobierno español "escuchará y atenderá" los planteamientos que le puedan trasladar los partidos políticos que acudan a la reunión del Pacto Antiterrorista, entre ellos, los referidos a posibles cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA.

No obstante, ha recordado que la "responsabilidad" sobre esta materia recae en el Ejecutivo y en los jueces de vigilancia penitenciaria, por lo que el gabinete de Mariano Rajoy "no se la puede ceder a terceros".

 

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