Política -
Juicio
Aramburu Landa, responsable de Ekin, acepta dos años de cárcel
Aramburu Landa debió sentarse en el banquillo en el año 2007. En aquel momento, sobre el acusado pesaba una orden de busca y captura y quedó apartado del procedimiento.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Aramburu Landa Ekineko buruzagi ohiak bi urteko kartzela zigorra onartu du
Francisco Aramburu Landa ha aceptado este lunes una condena de dos años de prisión por su pertenencia a Ekin, en la que era el responsable socioeconómico para Gipuzkoa, según los hechos que ha reconocido ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara.
Aramburu Landa debió sentarse en el banquillo en el año 2007, cuando bajo presidencia de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, se celebró el macro juicio que condenó a los responsables de Ekin. En aquel momento, sobre el acusado pesaba una orden de busca y captura y quedó apartado del procedimiento, que concluyó con 47 condenados a penas que sumaban 525 años de cárcel.
No obstante, a falta de un año para la prescripción de los delitos por los que se le acusaba, se entregó "decidió ponerse a disposición de las autoridades españolas por su sola voluntad reconociendo los hechos", lo que ha sido tenido en cuenta por el Ministerio Fiscal como colaboración con la Administración de Justicia a la hora de rebajar la pena que solicitaba inicialmente, 15 años de cárcel, y hallar conformidad en 2 años de prisión.
Otros alcanzaron conformidad
En abril del año 2016 cinco miembros de Ekin que habían sido detenidos en enero de 2011, acusados de dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010, llegaron a una sentencia de conformidad con el Ministerio Público y aceptaron una condena de dos años de prisión e inhabilitación especial por pertenencia a organización terrorista.
Todos ellos habían firmado una declaración que ya habían suscrito otros 35 miembros unos meses antes expresando "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".
Después de aquello, el fiscal José Perals, que pedía inicialmente para ellos 10 años de cárcel, rebajó las condenas a dos años.