Los jefes de la Policía y la Guardia Civil el 1-O señalan a los Mossos

El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote ha confirmado este jueves durante su declaración en el juicio por el procés en el Tribunal Supremo el relato de sus superiores al señalar que en la mañana de la jornada del referéndum tuvieron que poner en marcha "el plan B" que habían previsto ante la falta de actuación de los Mossos d'Escuadra, consistente en sustituir a la fuerza policial autonómica.

Asimismo, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, teniente general Ángel Gozalo, ha resaltado que la "sombra de duda" sobre la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra fuesen a cumplir la orden judicial de impedir la votación “comenzó ya a mediados de septiembre”, cuando la Policía Nacional y el Instituto Armado participaron en otras operaciones relacionadas con la prohibición.

A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado Trapote ha llegado a calificar de "utopía" que dos o tres mossos por colegio fueran suficientes para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de evitar las votaciones y requisar el material.

Mientras que a preguntas del abogado Javier Ortega Smith, que ejerce la acusación popular en representación de Vox ha resumido: "Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a salvaguardar la seguridad colectiva, y es imposible que con ese dispositivo y esos efectivos pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio".

Trapote ha calificado de "pasiva" la actuación de los mossos porque "los centros estaban abiertos y las vísperas habían sido utilizadas para actividades lúdicas y hasta se pernoctó por la noche", por lo que preguntado por la fiscal Consuelo Madrigal ha subrayado que no cree que la labor de los agentes autonómicos fuera "eficaz".

El abogado Jordi Pina -que representa entre otros al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez- ha solicitado que se exhibiera al testigo un vídeo de la actuación policial y ello ha sido rechazado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha tranquilizado a las defensas asegurando que durante la fase documental se verán todos los vídeos incorporados a la causa.

El comisario Sebastián Trapote. Foto: EFE

Trapote ha sido preguntado por el abogado Andreu Van Den Eynde, que defiende entre otros al exvicepresident Oriol Junqueras, por el número de policías que resultaron heridos en la jornada del 1-O, que según el testigo fueron 65, casi todos ellos a consecuencia de su actuación en los colegios. Ha añadido que si alguno se lesionó al caer en la furgoneta, por ejemplo, constará en las actas, en las que se explica de forma pormenorizada, según el testigo, cómo se ha producido cada lesión.

Finalmente, y a preguntas de abogado Alex Solá, que representa al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, el jefe de Policía de Cataluña se ha referido a varias grabaciones realizadas por la policía de sus intervenciones en colegios de Girona, Tarragona y Lleida que no han sido incorporadas a la causa. Según contestado, todas ellas están a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que es uno de los que investiga denuncias contra los policías.

Este letrado también ha inquirido al testigo sobre la intervención de la Policía en la sede de la CUP en Barcelona, para cuya entrada no había orden judicial de registro. A este respecto el policía ha explicado que había sospechas de que en la sede del partido político se acumulaba material propagandístico sobre la campaña y se vio la salida de personas portando bultos y papeles que metieron en un vehículo.

Solicitaron entonces un mandamiento judicial para proceder al registro de la sede y montaron un dispositivo para "asegurar" sus alrededores, aunque al no obtener la orden éste fue levantado.

El teniente general Ángel Gozalo en el Supremo. Foto: EFE

Por su parte, Gozalo ha citado dos ejemplos: el registro en Unipost el 19 de septiembre, cuando los Mossos tardaron "40 minutos" en responder a la petición de ayuda y "aún más en aportar efectivos", y el "asedio" a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, cuando "no intervinieron para acordonar la zona".

Fue tras esos dos incidentes cuando, según el teniente general, se dieron cuenta de que algo estaba "fallando". "Todo sumaba", ha remarcado tras relatar los acontecimientos que les llevaron a dudar del compromiso de los Mossos para impedir la celebración del referéndum.

El comisario del área de Información de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, Manel Castellví, ha recordado que la policía autonómica utilizó la fuerza en 23 de los 110 colegios que cerraron el 1-O.

Los mandos de los Mossos d'Esquadra advirtieron al expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn de la posibilidad de que se produjera una "escalada de violencia" el 1 de octubre, y se quejaron de que desde la Generalitat se estaba mandando un "mensaje de tranquilidad" que no "atendía a la realidad". Así lo ha manifestado Castellví, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza en su declaración como testigo en el juicio.

El jefe de Información de los Mossos ha admitido que en el análisis de riesgos previo a esa jornada se equivocaron "todos" y ha reconocido que el dispositivo final en el que participó su cuerpo, la Policía y la Guardia Civil "fue insuficiente".

Castellví ha dicho que hasta el 1-O los CDR defendían el referéndum con acciones como chocolatadas o asambleas, con participación de grupos heterogéneos de la ANC, CUP y PAH, pero no ha aludido a ningún comportamiento violento.