Política -
Parlamento Vasco
La reforma de ley de víctimas policiales sigue adelante tras una accidentada votación
Un error de Elkarrekin Podemos posibilita el rechazo del primer artículo de la reforma, clave para la seguridad jurídica del texto. La coalición afirma que subsanará el error en el Pleno.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak polizia-abusuen legearen erreforma izapidetzen jarraituko du
El Parlamento Vasco ha aprobado el grueso del dictamen sobre la reforma de la Ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley original, aunque un error de Elkarrekin Podemos en las votaciones, subsanable en el debate definitivo en pleno, ha supuesto el rechazo de un artículo del texto que podría resultar clave para evitar que la norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que deberá ratificar con una votación en el pleno.
Aunque lo previsible era que la votación de este jueves no deparara novedad alguna, dado que los grupos ya habían dejado clara su postura en las fases anteriores de la tramitación del texto, un error de Elkarrekin Podemos en las votaciones ha motivado el rechazo del primer artículo de la reforma, que incluye una de las claves para garantizar la constitucionalidad del texto y evitar que, tal y como hizo el Gobierno del PP con la ley anterior, la norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Rechazo inesperado al artículo 1 de la reforma
El artículo en cuestión establece que las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las víctimas "se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos" o en su defecto, "por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".
En todo caso, en este artículo se precisa que "la acreditación a que se refiere el presente apartado no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal". Este último matiz puede resultar determinante para evitar que la norma sea recurrida en un futuro, dado que uno de los principales motivos por los que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció en su día la impugnación del texto original, fue que la ley invadía, a su entender, competencias exclusivas de los órganos judiciales.
El artículo en cuestión ha sido rechazado con los votos de EH Bildu, el PP y Elkarrekin Podemos. El voto en contra de la coalición soberanista y el PP era previsible, dado que la primera ya había anunciado que, aunque se abstendría ante el grueso de la Ley, iba a rechazar este artículo. En el caso del PP, este grupo ha votado en contra de todos los apartados del dictamen.
No obstante, Elkarrekin Podemos, que tenía previsto abstenerse en la votación de este artículo y de la práctica totalidad de la ley, ha votado en contra de este apartado del dictamen, lo que unido a los votos de EH Bildu y el PP, ha supuesto el rechazo del mismo.
Pili Zabala y Carmelo Barrio, durante el debate de hoy. Foto: EFE
Valoraciones de los grupos
En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha subrayado que esta norma es "un paso más" en el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales, y que, dados los "condicionamientos" políticos y constitucionales, es "la mejor ley posible".
Por su parte, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha mostrado la "decepción" de su grupo con la reforma, al considerar que no dota de las mismas garantías de reconocimiento y reparación a los damnificados de abusos policiales respecto a las que ya existen para otras víctimas.
Desde Elkarrekin Podemos, Pili Zabala ha afirmado que la reforma es "un paso adelante", pero ha lamentado la "interpretación restrictiva" sobre esta materia que ha realizado el Tribunal Constitucional.
La parlamentaria del PSE-EE, Rafaela Romero, ha defendido la ley, pese a que "a algunos les parezca poco y a otros, demasiado", al considerar que es el mejor camino posible para avanzar en esta materia con "garantías" jurídicas.
Por parte del PP, Carmelo Barrio ha afirmado que hay que buscar "fórmulas" para compensar a las víctimas de este tipo de vulneraciones de derechos humanos, aunque ha señalado que esto se ha de hacer mediante "procedimientos que no vulneren la Constitución".