ELA y LAB exigen la 'paralización inmediata' del macrojuicio 11/13

Los sindicatos ELA y LAB han exigido este viernes en las cuatro capitales de Hegoalde la "paralización inmediata" del macrojuicio 11/13 previsto para el 16 de septiembre en el que 47 personas acusadas de integrar el frente de cárceles se enfrentan a penas de más de 600 años, lo que consideran una "aberración".

Decenas de personas, entre ellas cargos públicos de EH Bildu, se han sumado a la concentración que han convocado a mediodía en Pamplona y en las tres capitales vascas para evidenciar el rechazo al macrojuicio y llamar a la participación en la manifestación convocada en Bilbao para el sábado.

En declaraciones a los periodistas, Imanol Pascual, del sindicato ELA, ha indicado, además, que con este acto en solidaridad con las personas encausadas quieren denunciar que el "objetivo final del macrosumario no es otro que criminalizar la solidaridad con las personas presas".

"Es una aberración desde el punto de vista democrático este macrosumario", ha aseverado tras lo que ha subrayado la importancia de "contextualizar" puesto que, ha añadido, "no es un caso aislado, es una evidencia más de la apuesta del Estado español de vulnerar los derechos fundamentales".

En la misma línea, Igor Arroyo, de LAB, ha asegurado que juzgar a estas personas "por actividades meramente políticas, profesionales, asistenciales, es una auténtica aberración jurídica que interpela a toda la sociedad. Una sociedad democrática no puede aceptar que se vulneren los derechos fundamentales de esta manera y los sindicatos tampoco lo podemos aceptar", ha remarcado.

Tras incidir en que los sindicatos, junto con la defensa de los derechos laborales, siempre han realizado una "defensa firme" de los derechos democráticos, ha reiterado la petición de que se suspenda el juicio y "se dejen de perseguir actividades políticas profesionales y asistenciales y se establezcan las bases democráticas tanto en Navarra, en Euskal Herria como a nivel general".

En San Sebastián, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha denunciado la "enorme gravedad" de que "el Estado no esté buscando justicia en este asunto" sino "la criminalización política" de la causa como, según ha dicho, "hizo en el caso de Alsasua y con los políticos catalanes presos”.

Lakuntza ha opinado que este tipo de asuntos "que afectan a la vulneración de derechos elementales", como la "asistencia" a los presos, "no debería quedar fuera del debate político" ni en el Parlamento Vasco ni en el de Navarra, ya que, a su entender, se trata de cuestiones que "también deberían condicionar las alianzas que se producen en la política".

Por su parte, Garbiñe Aranburu (LAB) ha expresado su apoyo y solidaridad a los encausados que, a su parecer, "van a ser enjuiciados por ofrecer asistencia jurídica y de todo tipo al colectivo de presos".

"Esa labor que han estado haciendo no debe ser un delito y por eso queremos denunciar que este juicio tiene una motivación política y no obedece a cuestiones jurídicas", ha recalcado Aranburu, quien ha afirmado que este proceso judicial discurre "en dirección contraria al camino que está recorriendo en este país la mayoría política, sindical y social".