Un estudio recoge los casos de tortura registrados en Navarra entre 1960 y 1978

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha mostrado este martes en el Parlamento su voluntad de seguir trabajando para esclarecer los casos de "violencia injusta" porque "los modelos de transición basados en el olvido no sirven para reparar la vulneración de derechos".

Ollo ha comparecido acompañada por el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, para presentar a petición de EH Bildu el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sobre tortura y malos tratos en Navarra entre 1960 y 1978, y exponer los planes de su departamento a partir de 1978.

Y al respecto ha afirmado que el abordaje de la tortura y los malos tratos en Navarra es una preocupación para ella desde la pasada legislatura porque pretende "verdad, justicia y reparación para todas las víctimas", para lo que se precisa de "rigor documental".

El Parlamento foral a través de una moción aprobada en 2016 instó al Gobierno de Navarra a esclarecer los casos de tortura y malos tratos habidos en el territorio. Así, en 2018, obstaculizadas otras vías en los tribunales por recursos del Estado, se encargó un informe al Instituto Vasco de Criminología, pendiente ahora de publicar.

Al respecto, Martín Zabalza ha apuntado que el informe tenía inicialmente como periodo de análisis desde 1960 hasta 2016, pero anulada por los tribunales la Orden Foral de ayudas al mismo, se planteó un estudio con cobertura por las leyes de Memoria Histórica acotado hasta 1978.

El trabajo, ha añadido, cuantifica y describe el fenómeno de la tortura y los malos tratos en Navarra según diversas fuentes bibliográficas y documentales, declaraciones y denuncias públicas, y concluye que fueron numerosos las personas detenidas que denunciaron torturas y malos tratos por parte de Policía Nacional y Guardia Civil sin que tuvieran "ninguna investigación eficaz en los tribunales".

En total se han estudiado 204 expedientes, de los que 169 fueron confirmados y 35 descartados por falta de documentación suficiente, por lo que el Instituto considera deseable ampliar el estudio para sumar más información sobre estos casos e incorporar nuevos, y ve necesario analizar los habidos desde 1978 para conocer las dimensiones reales.

A ello el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ha añadido la conveniencia a juicio del Instituto de adoptar medidas legislativas para paliar este déficit.