La acusación pide entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón

Los abogados de la acusación en el juicio a Baltasar Garzón han elevado hoy a definitivas su peticiones de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el magistrado.

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la causa contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, ha declarado en calidad de testigo que los abogados de los imputados en la trama se coordinaban para preparar la estrategia de defensa y no para blanquear dinero ni obstruir las investigaciones policiales.

El testigo, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en la trama corrupta, ha sido propuesto por la defensa del juez, ejercida por el abogado Francisco Baena Bocanegra.

A preguntas del abogado defensor del juez imputado, el testigo ha puesto en evidencia que la Policía disponía de elementos incriminatorios contra su cliente procedentes de las conversaciones grabadas en el centro penitenciario, con lo que vio vulnerado su derecho a la intimidad.

Según ha dicho, acudió a la cárcel de Soto del Real para reunirse con el lugarteniente de la red Gürtel, Pablo Crespo, con la finalidad de preparar la defensa de Ulibarri y coordinarse con otros abogados de la trama. Consideraba que esta conversación estaba protegida en el ámbito de la privacidad y la confidencialidad entre abogado y cliente.

Sin embargo, ha indicado que después descubrió que se estaban pinchando las comunicaciones del locutorio de la prisión, por lo que el fiscal, los policías y el juez instructor tenían a su disposición las respuestas que iba a dar su cliente.

Sin autorización judicial para la visita en prisión

La defensa de Garzón le ha inquirido si comunicó al juez su intención de reunirse en prisión con Crespo, tal y como establece el reglamento penitenciario, a lo que Peláez ha respondido que consideró que esta autorización judicial no la veía necesaria al contar con el consentimiento del preso y de su abogado Juan Antonio López Rubal. Sin embargo, no ha podido acreditar la existencia del volante expedido por el Colegio de Abogados que certificaría que había sido "expresamente llamado" por esos internos para entrevistarse con ellos en prisión.

Habla el policía que ejecutó la grabación de escuchas

Por su parte, el Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la UDEF en el "caso Gürtel", Manuel M.T., que fue quien ejecutó la grabación de los encuentros que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados, ha manifestado que el juez Garzón le dijo expresamente y "de qué manera" debía preservar el derecho de defensa de los imputados al realizar las escuchas.

El policía ha reconocido ante el alto tribunal que era la primera  vez que realizaba unas escuchas en prisión en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, si bien tan sólo llevaba en la UDEF unos años y desconocía si ésto suponía una novedad.

Además, ha recordado que él pidió expresamente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que le aclarara el significado de la claúsula dirigida a preservar la actuación de los abogados. Garzón le contestó que era a él, como juez instructor, quien "asumiría ese rol a la hora de valorar lo que pudiera o no pudiera afectar a ese contenido".