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20/09/2021

16:36

Política

Corrupción

La Fiscalía avisó a Juan Carlos I de que le estaba investigando antes de que saldara sus deudas con Hacienda

AGENCIAS | EITB MEDIA

Según la información que publica El País, la regularización del rey emérito no sería válida si previamente fue alertado por la Fiscalía del Tribunal Supremo de que estaba siendo investigado y, por lo tanto, debería depurar responsabilidades ante la justicia.

  • El rey emérito Juan Carlos I en una imagen de archivo. Foto: EFE

    El rey emérito Juan Carlos I en una imagen de archivo. Foto: EFE

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La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelanta El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.

Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020 cuando el emérito presentó una regularización fiscal, una declaración voluntaria, ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.

Ya entonces, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Tras esa primera regularización, se produjo una segunda (conocida en febrero de 2021) por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y por medio de la que Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según adelantaron los diarios El País y El Español.

Esa segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. La Casa Real explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Dado que aún no se ha presentado querella contra el emérito, quien permanece huido en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, el foco se debe poner en la última parte del artículo del Código Penal dado que señala expresamente las "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias. Ese es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.

Hasta el momento, desde la Fiscalía evitan aclarar su efectivamente esas notificaciones se realizaron formalmente antes de que el emérito regularizara con Hacienda. Si la notificación fue formal, los técnicos sostienen que la regularización no es válida y Juan Carlos I tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.

 

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