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Corrupción

Fiscalía Europea solicita hacerse cargo de la investigación sobre el contrato de las mascarillas de los Ayuso

Considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos por lo que ha reclamado la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de España.

Isabel Díaz Ayuso. EFE
Isabel Díaz Ayuso. EFE
Isabel Díaz Ayuso. EFE

Agencias | Eitb Media

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Euskaraz irakurri: Ayusotarren maskaren kontratuari buruzko ikerketaren ardura eskatu du Europako Fiskaltzak

La Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción de España hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia y que estaba vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, quien habría cobrado 55.000 euros.

El pasado 22 de febrero, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón abrió una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en dicho contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas.

Ahora, la Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas porque considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos 'Feder' europeos. 

Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada. Entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios de tal delito porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

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