Política -

El TC legaliza Sortu

'Nada va a distorsionar ya la participación política de los vascos'

El catedrático Javier Pérez Royo, coautor de los estatutos de Sortu, ha afirmado en Radio Euskadi que la legalización es algo "que la sociedad española ya tenía interiorizado".

El jurista Javier Pérez Royo es coautor de los estatutos de Sortu. Efe.
Sortu legalización | Entrevista al coautor de los estatutos de Sortu
El jurista Javier Pérez Royo es coautor de los estatutos de Sortu. Efe.

L. Etxazarra

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Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional y autor junto a Iñigo Iruin de los estatutos de la recién legalizada Sortu, ha subrayado que, tras la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, "por primera vez, en mucho tiempo, no va a haber ningún elemento que distorsione la participación política de los ciudadanos vascos".

En declaraciones a Radio Euskadi, Pérez Royo ha vaticinado que la presencia de Sortu en el panorama político vasco "va a obligar al resto de partidos a resituarse", incluso a la propia izquierda abertzale, ya que habrá que ver "qué consistencia toma" como opción política dentro del marco legal.

El catedrático ha querido restar importancia a la beligerancia mostrada por algunos medios de comunicación y ciertos sectores políticos en torno a la decisión del Constitucional. Para Pérez Royo se trata de "la pataleta final" de un sector "muy reducido" que "no tiene capacidad de generar opinión pública, ya que la legalización de Sortu "es un tema que la sociedad española tiene interiorizado, y bien interiorizado".

La sentencia refleja "una evolución"Por otro lado, Javier Pérez Royo ha querido resaltar que la sentencia que legaliza Sortu refleja "una evolución dentro del propio Tribunal Constitucional". Según el catedrático, el hecho de que solo tres de los cinco magistrados que votan en contra dela legalización redacten votos particulares demuestra un viraje hacia "posiciones más tibias".

Tal y como ha explicado Pérez Royo, la diferencia entre la decisión tomada por el Tribunal Supremo, que optó por la ilegalización, y la del Constitucional, está en que el Supremo trató el caso como una extensión de la ilegalización de Batasuna en 2003, por lo que el tribunal tenía ya una opinión formada "antes de comenzar a estudiar el caso de Sortu".

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