LAB pide una nueva causa contra Pilar Uriarte por su "actuación obstructiva" en la investigación

El sindicato LAB ha pedido que se incoe una nueva causa contra la directora de Recursos Humanos de Osakidetza, Pilar Uriarte, por su "actuación obstructiva" a la investigación judicial de las posibles filtraciones de la OPE.

En comparecencia ante los medios para analizar las últimas declaraciones testificales judiciales en el procedimiento judicial por las supuestas filtraciones en la OPE 2016-2017 del servicio vasco de salud, el delegado de LAB Jesús Oñate y el abogado Iñigo Sancho han destacado que "las direcciones de Osakidetza y del IVAP han podido ocultar información relevante al juzgado de manera deliberada para proteger a personas concretas".

Han citado en este sentido la posible filtración del examen por parte de un miembro del tribunal de cirugía plástica a su nuera, opositora en la prueba y a quién "obligaron a renunciar" al proceso selectivo para no destapar la irregularidad.

Por ello, LAB ha ampliado su petición de imputaciones a altos cargos de dirección de Osakidetza y del IVAP por supuestos delitos de obstrucción a la Justicia y por impedir la persecución de un delito de revelación de secretos.

En las testificales, "quedó patente cómo el director de Recursos Humanos y el secretario general del IVAP pusieron en marcha una atropellada operación para evitar que las notas de una opositora de cirugía plástica se hicieran públicas", ya que "evidenciaban la existencia clara de una filtración".

Según LAB, "las actuaciones organizadas por la ex directora general, María Jesús Múgica, el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, junto con el secretario general Fulgencio Aledo, y la directora general del IVAP, Maite Iruretagoiena, en las reuniones mantenidas con la persona supuestamente beneficiaria de la filtración y con el supuesto filtrador son sumamente graves y sorprendentes".

Esas reuniones entre la primera prueba de la OPE y la segunda, "estos responsables de las instituciones vascas condujeron a la opositora una sala y le ofrecieron impunidad a cambio de su renuncia al proceso selectivo" y después, se transmitió la misma oferta al supuesto filtrador. Finalmente, "se cerró el trato".

Esos altos cargos "han ocultado deliberadamente al menos dos reuniones y varios correos electrónicos, así como el parentesco entre el examinador y esa opositora, por lo que debía haber sido inhabilitado como miembro del tribunal".

La ocultación de estas actuaciones durante los tres años de la instrucción del caso "pone de manifiesto que la actuación del IVAP y de Osakidetza se dirige a proteger a personas que han jugado con el futuro laboral de miles de personas".

Además, se ha evidenciado que el que fuera consejero de Salud, Jon Darpón, "mintió" al decir que esa opositora renunció por motivos personales, "cuando realmente lo hizo presionada" por su departamento.

El letrado ha expresado su "sorpresa" con la declaración del secretario del IVAP, Fulgencio Aledo, que "declaró en calidad de testigo y se explayó" sobre las reuniones con la opositora para proponerle el trato, y que lo relatara "con cierta naturalidad", lo que ha dado "luz a todo esto".