Economía -

Vacaciones fiscales vascas

Las instituciones, divididas ante el pago de los 30 millones de multa

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han lamentado la imposición de esta sanción, a pesar de que su cuantía ha quedado rebajada a más de la mitad.

Ricardo Gatzagaetxebarria
Ricardo Gatzagaetxebarria
El Gobierno Vasco califica de 'excesiva y desproporcionada' la multa

Redacción

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Las instituciones y partidos vascos han discrepado hoy sobre cómo hacer frente al pago de la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por no haber recuperado a tiempo las ayudas fiscales ilegales concedidas a empresas vascas en los años noventa.

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han lamentado la imposición de esta sanción, a pesar de que su cuantía ha quedado rebajada a más de la mitad, ya que la Comisión Europea proponía que superara los 64 millones de euros.

Aunque la multa recae sobre España, las instituciones vascas asumen que serán las que tendrán que hacer frente al pago, que deberá hacerse efectivo en un plazo de 20 días hábiles desde la que Comisión Europea notifique la sanción al Gobierno central.

Sanción

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este martes a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadasvacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales.

España ya ha recuperado el 100% de estas ayudas ilegales (alrededor de 500 millones de euros), pero la mayor parte de ellas, según las instituciones europeas, se reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta 12 años.

La sanción es, no obstante, menor que la que había propuesto la abogada general del TJUE, que ascendía a 50 millones de euros.

Gobierno Vasco

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha instado a la "prudencia y cautela" a la espera de conocer la decisión del Gobierno central sobre la multa, que ha calificado de "excesiva y desproporcionada".

No obstante, ha añadido que, ante una "eventual repercusión", Gobierno Vasco y Diputaciones deberán hablar en el Consejo Vasco de Finanzas para "cumplir" las posibles "obligaciones".

Diputaciones

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha instado a convocar una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) a "la mayor brevedad posible" para determinar la forma en la que se debe hacer frente a la multa impuesta a España por el Tribunal de Luxemburgo por las denominadas 'vacaciones fiscales', que ha calificado de "excesiva e injusta" aunque "podría haber sido peor".

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha afirmado que, si el Gobierno Vasco estuvo a "cobrar" las denominadas vacaciones fiscales, "tendrá que estar también a pagar" la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE.

De Andrés ha insistido en su propuesta para que el Gobierno Vasco asuma el 70% de la sanción y ha señalado que, si "estuvo a cobrar", también tendrá que estar "a pagar" y, si no, debería "devolver" a Álava lo que ingresó.

La portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha opinado que "es momento de hablar de responsables" en lo referente a la multa a España por las vacaciones fiscales porque "la negligencia es política y es clara".

Pello González, ex diputado de Hacienda de Gipuzkoa, también ha señalado que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones de la CAV tendrán que reunirse en el Consejo Vasco de Finanzas para definir cómo se abonará la multa.

En declaraciones a eitb.com, González ha considerado "justo" que cada Territorio Histórico "asuma su responsabilidad", en relación con el atraso en la devolución de las 'vacaciones fiscales', motivo por el cual Europa ha impuesto la multa.

Comisión Europea

La Comisión Europea ha celebrado este martes la multa de 30 millones impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). "La Comisión acoge con satisfacción el fallo del Tribunal de Justicia", ha dicho el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

"El Tribunal ha confirmado que la duración del procedimiento de recuperación de las ayudas públicas incompatibles fue excesivo y no estaba justificado por dificultades en la recuperación de las subvenciones", ha resaltado el portavoz.

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