Anulan el contrato de Stoa en Miñano por la sentencia del caso De Miguel

El consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava ha declarado nulo el contrato que mantenía con la empresa Stoa, por su implicación en el llamado caso De Miguel, el mayor asunto de corrupción juzgado en Euskadi.

El parque tecnológico ha informado en un comunicado que su consejo de administración ha acordado este jueves "declarar la nulidad" del contrato con Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa) y "suspender la eficacia" del mismo, una vez conocida la sentencia de la Audiencia de Álava.

En ese fallo judicial, en el que se condena a penas entre 13 y 6 años a los principales acusados, se menciona a la empresa Stoa y se señala que la adjudicación de la redacción del plan urbanístico del parque tecnológico de Miñano a esta empresa fue ilegal y se hizo a cambio de una comisión de 3.750 euros.

El parque tecnológico de Miñano anula este contrato a la vista de que la sentencia considera probado que se trató de un contrato ilegal puesto que se firmó "actuando en concierto y con una finalidad ilícita".

"De confirmarse la sentencia", puesto que las partes pueden recurrirla ante el Tribunal Supremo, el consejo de parque establece que el contrato seguirá anulado y "no resultará necesaria la adopción de nuevos acuerdos".

El diputado general de Álava ya anunció el pasado viernes que el consejo de administración del parque de Álava adoptaría esta decisión, que había sido solicitada por los grupos de la oposición.

Tanto EH Bildu y el PP como Elkarrekin Podemos pidieron la suspensión "inmediata" del contrato con Stoa al quedar probada su "implicación en el llamado caso De Miguel, y exigieron que se anulara la ampliación de este parque tecnológico.

El Gobierno Vasco no tiene constancia de más contratos similares

Por su parte, Josu Erkoreka, el portavoz del Gobierno Vasco, ha asegurado que no tiene constancia de más contratos similares al declarado nulo con la empresa Stoa, pero ha dicho que si saliesen a la luz no duda de que también se anularían por parte de la administración implicada.

"El Gobierno Vasco no tiene constancia de la existencia de otros contratos" similares, ha respondido a preguntas de los periodistas el portavoz, quien no ha dudado de que si saliese a la luz alguno con circunstancias "equivalentes", mantenerlo vigente "sería problemático".