La Fiscalía investiga si ceder locales públicos para el 9N es delito

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo de mañana, domingo, puede ser constitutiva de delito, según han informado fuentes jurídicas.

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el proceso.

Para llevar a cabo dicha investigación, La Fiscalía ha pedido información al Departamento de Educación, a los Mossos d’ Esquadra y a la Generalitat. Con toda la información en la mano, la Fiscalía deberá decidir si se ha incumplido la resolución del Tribunal Constitucional, y en ese caso, trasladaría su informe al juez. En ese caso, y si el juez estimase que hay delito, tomaría medidas.

Concretamente, La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al departamento de Educación que le informe si la Generalitat ha ordenado la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta del 9N; ha dirigido un oficio urgente al director general de los Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales en los que se celebrará el proceso participativo y le ha pedido que identifique a los responsables de la apertura de locales públicos que se usarán como puntos de votación; y ha preguntado a la Generalitat si ha intervenido en el buzoneo de la propaganda.

El gobierno catalán ha subrayado esta noche que el propio ejecutivo catalán "es el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos" que se usarán como puntos de votación en el 9N. A través de un escueto comunicado, el Govern ha respondido que "no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización", y ha añadido que los voluntarios podrán desarrollar sus funciones mañana "con total normalidad".

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender el proceso participativo convocado por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con el mismo, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el proceso de participación ciudadana.

La previsión de la Generalitat es que mañana se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará.

Ante este planteamiento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidió ayer ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.

Societat Civil pide al Juzgado de Guardia actuar

Tres miembros de Societat Civil Catalana (SCC) han presentado hoy ante el juzgado de guardia de Barcelona un escrito en el que reclaman que tome medidas ante la utilización de centros escolares para el 9N y examinen si puede haber responsabilidades penales por "vulneración del Estado de Derecho".

"Reclamamos que la Justicia actúe en relación a las imágenes que hemos visto esta mañana sobre la utilización de colegios para preparar la jornada del día 9", ha dicho Arenas Rafael Arenas vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana.