Todo listo para el proceso participativo de Cataluña

Cataluña celebra este domingo un proceso participativo en el que se pregunta a los ciudadanos sobre la independencia. Sin embargo, todavía está por ver si la justicia tomará medidas para evitar esta consulta alternativa.

Y es que La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, abrió este sábado diligencias para investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito.

Para llevar a cabo dicha investigación, La Fiscalía pidió ayer información al Departamento de Educación, a los Mossos d’ Esquadra y a la Generalitat. Con toda la información en la mano, la Fiscalía deberá decidir si se ha incumplido la resolución del Tribunal Constitucional, y en ese caso, trasladar su informe al juez. En ese caso, y si el juez estimase que hay delito, tomaría medidas.

Concretamente, La Fiscalía Superior de Cataluña pidió al departamento de Educación que le informara si la Generalitat ordenó la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta del 9N; dirigió un oficio urgente al director general de los Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales en los que se celebrará el proceso participativo y pidió que identificara a los responsables de la apertura de locales públicos que se usarán como puntos de votación; y preguntó a la Generalitat si ha intervenido en el buzoneo de la propaganda.

El gobierno catalán subrayó este sábado que el propio ejecutivo catalán "es el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos" que se usarán como puntos de votación en el 9N. A través de un escueto comunicado, el Govern respondió que "no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización", y ha añadido que los voluntarios podrán desarrollar sus funciones mañana "con total normalidad".

Artur Mas: 'Cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque contra la democracia'

En una entrevista concedida a TV3, El presidente de la Generalitat declaró este sábado que "cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia".

Preguntado por si cree que habrá una orden de la Fiscalía para que los Mossos d'Esquadra retiren urnas hoy, Mas ha afirmado que "por poco mínimo sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales de expresión y de participación de la gente".

Cronología

Todo comenzo el 12 de diciembre de 2013 cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los líderes de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP anunciaban una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre de 2014.

Desde entonces, han pasado 11 meses en los que la Generalitat y los partidos proconsulta han intentado celebrar una consulta de autodeterminación por dos vías: pidiendo al Congreso la cesión de la competencia para celebrar referéndums y desarrollando después la Ley catalana de Consultas no Refrendarias.

La Cámara Baja rechazó dar la autorización a la Generalitat para convocar un referéndum, una negativa tras la que la Cámara catalana agilizó la elaboración de la Ley de consultas.

El 19 de septiembre, 106 de los 135 diputados del Parlament aprobaron la Ley de Consultas no Refrendarias, una norma de la que se sirvió Mas el 27 de ese mismo mes para firmar un decreto de convocatoria en el que llamaba a los catalanes a participar en una consulta sobre el futuro de Catalunya el 9 de noviembre.

El lunes siguiente, el Gobierno de Mariano Rajoy --tras recibir un informe del Consejo de Estado-- recurrió de urgencia ese decreto ante el Tribunal Constitucional (TC), que ese mismo día se reunió de urgencia para admitir a trámite el recurso y suspender el decreto de convocatoria y parte de la Ley de Consultas.

Ese día Mas comunicó al resto de fuerzas que no podía celebrar el 9N en base a la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y planteaba un escenario alternativo que en un primer momento rechazaron ERC, ICV-EUiA y CUP.

Un día después, el presidente de la Generalitat comparecía para explicar públicamente su alternativa para llevar a cabo el 9N, un proceso participativo con urnas y papeletas convocado en base al marco general de competencias exclusivas de "fomento de la participación ciudadana" como paso previo a una 'consulta definitiva' en forma de elecciones plebiscitarias.

Pese a las críticas iniciales, tras la introducción de algunos cambios para fortalecer la jornada --como ampliar el número de puntos de votación y admitir que no se trataba de una consulta-- ERC, ICV-EUiA y CUP se sumaron de nuevo a este proceso participativo, así como las entidades sociales que forman parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Los cambios en el proceso participativo despertaron los recelos también del Gobierno central, que tras unas primeras semanas restando trascendencia al proceso participativo, acabó acusando al Govern de realizar una consulta encubierta y presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que lo admitió a trámite y suspendió la jornada.

Este viernes, el Govern reiteró ante las entidades del Pacte Nacional que seguía al frente del proceso participativo, pero que la ejecución del 9N quedaría en manos de los voluntarios. "La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final pero no lo ejecuta. Lo ejecutan las personas voluntarias", resumió el coordinador del Pacte, Joan Rigol.