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'CASO NÓOS'

La Fiscalía pide elevar la pena a Urdangarin y Torres por ser 'el motor del delito'

El Tribunal Supremo revisa hoy los recursos de la sentencia del 'caso Nóos'. El Ministerio Público reclama 10 años de cárcel para el marido de la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin en un momento del juicio por el caso Nóos.
Iñaki Urdangarin, caso Nóos
Urdangarin llega al final de un largo camino

2:34

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Urdangarini eta Torresi zigorra handitzea eskatu du Fiskaltzak

La fiscal de Tribunal Supremo Ángeles Garrido ha defendido este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres por considerarles "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos.

Para el primero ha solicitado que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años. En una intervención de carácter muy técnico la representante del Ministerio Público ha defendido en la vista pública celebrada en el alto tribunal la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes.

"En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", ha señalado la fiscal para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

Urdangarin fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación, uno de fraude a la Administración pública, uno de tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública.

La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.

Ahora, tanto la Fiscalía como la representante de la Abogacía del Estado han solicitado al Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados.

 

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