Política -
Iniciativa Legislativa Popular
La Cámara Vasca rechaza la ILP contra la pobreza y la exclusión
PNV, PSE y PP han votado en contra de esta proposición de ley que abogaba "por un sistema de protección social público y de calidad", impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak atzera bota du pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako herri-ekimena
El Parlamento Vasco ha rechazado tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía mejorar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y facilitar el acceso a la misma, que estaba avalada por 51.000 firmas.
PNV, PSE y PP han votado en contra de tomar en consideración esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular que abogaba "por un sistema de protección social público y de calidad. Frente a la pobreza y exclusión", impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que integran ELA, LAB y otros sindicatos y colectivos sociales.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos por contra han respaldado la tramitación de esta ILP que planteaba bajar la edad mínima para acceder RGI de 23 a 18 años, reducir la exigencia de empadronamiento de 3 a 1 año, e incrementar la cuantía de la RGI, entre otras cuestiones.
Esta iniciativa ha llegado al primer pleno del Parlamento de este año con el criterio desfavorable del Gobierno Vasco a su toma en consideración ya que, según ha argumentado, en la Cámara está registrada una proposición de ley del PNV y PSE para la reforma de la RGI.
Sin embargo el debate de esta proposición de ley está paralizado porque sus promotores no han logrado el respaldo de ningún partido de la oposición para poder sacarla adelante al estar en minoría en la Cámara.
Esta ha sido la segunda vez que se debate una ILP después de que entrara en vigor la nueva normativa autonómica que regula este tipo de propuestas y que rebajó de 30.000 a 10.000 las firmas necesarias para registrarla.
Para defenderla ha intervenido en el pleno Janire Landaluze, de ELA, quien ha subrayado la necesidad de reformar el sistema de ayudas sociales en un momento en el que las necesidades han aumentado y el sistema ha sufrido "recortes".
Landaluze ha argumentado que negarse a abrir el debate no es lo que la sociedad demanda y supone acentuar la distancia entre el Parlamento y la ciudadanía.