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El Gobierno español deja el toque de queda en manos de las comunidades autónomas

El nuevo decreto para la prórroga del estado de alarma entrará en vigor el próximo 9 de noviembre, y a partir de ese momento la gestión del toque será de los gobiernos autonómicos.

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Foto de archivo: EFE
El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Foto de archivo: EFE

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Etxeratze-aginduaren kudeaketa erkidegoen esku utziko du Espainiako Gobernuak

El Gobierno español dejará en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de levantar el toque de queda a partir del 9 de noviembre, según se recoge en el nuevo real decreto de prórroga del estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente aprobará el jueves el Congreso.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que esta medida será eficaz "cuando la autoridad competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad", y añade que "la eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales".

De este modo, el confinamiento nocturno de 23:00 a 06:00 horas -modulable ligeramente- que decretó el Gobierno en todo el territorio menos en Canarias en el real decreto aprobado en Consejo de Ministros extraordinario del domingo dejará de ser obligatorio en el momento en que entre en vigor el nuevo decreto de prórroga, a las 00:00 horas del día 9 de noviembre.

Eso sí, la norma añade que si los gobiernos autonómicos no toman ninguna decisión respecto a su "modulación, flexibilización o suspensión", la medida del toque de queda "conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada".

El real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros recoge asimismo la vigencia de seis meses que defiende el Gobierno español, a pesar de las peticiones que ha recibido por parte del PP y de otros partidos de la oposición, incluso de sus previsibles apoyos, para acortar este periodo.

 

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