Según el portavoz de EH Bildu, los jueces están "imponiendo una ideología" con sus sentencias, en lugar de proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Esta situación, ha dicho, requiere una "reflexión pausada".
Las últimas sentencias de los tribunales en torno a los perfiles de euskera de los trabajadores públicos demuestran que los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca "están en manos de unos jueces" y son un claro ejemplo del "nivel de autogobierno que tenemos". Son palabras del portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, tras ser preguntado sobre la sentencia publicada ayer por TSJPV en relación con los perfiles lingüísticos de las y los empleados de la Fundación Uliazpi.
Urruzuno considera que "estamos ante una ofensiva política y judicial muy grave" contra el euskera. Cree que no se trata de "una mera sentencia", sino de "una medida que viene a cuestionar los derechos de todo un pueblo". "No estamos en una sociedad bilingüe, estamos en una sociedad diglósica y hay una voluntad por parte de algunos estamentos de mantener esa diglosia, de mantener el euskera como una lengua secundaria", ha añadido en una entrevista en Euskadi Irratia.
Este escenario, afirma, requiere "una reflexión pausada" sobre la situación en la que se encuentra el euskera porque los "jueces están aplicando una ideología" en lugar de "defender unos derechos".
El portavoz de EH Bildu también se ha referido al fallecimiento de dos presos esta semana en los centros penitenciarios de Araba y Gipuzkoa. En ese sentido, ha reivindicado la "necesidad de un nuevo modelo penitenciario" basado en la "justicia restaurativa". Entiende que con el traspaso de la competencia de prisiones a la CAV es el momento para analizar esta materia y comenzar a dar pasos "en otra dirección".
Por último, el parlamentario también ha sido preguntado por la propuesta de la coalición de la izquierda abertzale para disolver la Comisión de Ética del Parlamento Vasco. Opina que el Comité de Ética "no detecta nada" y no sirve para nada. "La transparencia no es un símbolo de este Gobierno, incapaz de controlar la pasarela que va de la administración pública al sector privado... casos así están muy extendidos, y aunque esto no sea ilegal, es una práctica muy incorrecta", han concluido.