El Gobierno de España prorroga todos los contratos de los MIR

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha determinado la prórroga automática de todos los contratos laborales de los sanitarios residentes, y, además, ha pospuesto la evaluación final de los MIR. Ambas decisiones afectan a los residentes independientemente de cuál sea la especialidad o el año que estén cursando. También ha sido autorizada la contratación de profesionales extracomunitarios, con el objetivo de hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus.

El Ministerio establece, además, que los sanitarios residentes perciban las retribuciones que les correspondan atendiendo a las funciones que realicen, "siempre que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les correspondiera antes de la prórroga de contrato".

Las comunidades autónomas podrán decidir que los MIR presten servicios en unidades con especial necesidad, que pueden estar en su mismo centro, en un centro diferente de la misma comunidad, o en una región distinta.

El Ministerio español de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades autónomas que no cuenten con suficientes residentes en formación, y podrá solicitar el traslado de estos a ciudades con mayores necesidades asistenciales.

Profesionales de fuera de la Unión Europea

También se autoriza, "con carácter excepcional y transitorio", la contratación de profesionales sanitarios que cuenten con título de Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea, siempre que hayan adquirido una formación cualitativa y cuantitativamente equivalente a la que se otorga en el Estado español. El contrato será de un máximo de tres meses, prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.

También se podrá contratar a las personas que hayan finalizado sus estudios de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y todavía no se les haya expedido el correspondiente título.

Además, las comunidades autónomas podrán disponer de los médicos forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia.