Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo protestan contra los desahucios

La Asamblea de Personas en Paro, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se han concentrado este lunes frente al palacio de justicia de Barakaldo (Bizkaia) para recordar y homenajear a Amaia Egaña, vecina del municipio que se quitó la vida en 2012 cuando iba a desahuciada de su vivienda, así como para denunciar la vigencia de estos lanzamientos.

Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 1723 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda en los últimos ocho años y que un promedio de cuatro familias baracaldesas padecen esta situación cada semana. El 83 % de ellas, de una vivienda en alquiler.

Los colectivos y sindicatos han instado al equipo de gobierno local a "incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social para frenar el riesgo de desahucio, pues un 66 % de estas cuantías se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, además de a mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el pasado 4 de noviembre cerró dicho plazo hasta, como mínimo, febrero del año que viene".

Del mismo modo, exigen a las administraciones públicas que "apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas".

"Demandamos también la aplicación del protocolo sobre desahucios previsto en el acuerdo alcanzado en 2013 y renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay menores afectados por un desalojo", han indicado los promotores del homenaje a Amaia Egaña.

Estas organizaciones han llamado, además, al acatamiento institucional de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.