Tribunal Constitucional
La resolución aplica la doctrina recogida en la sentencia que rechazó el recurso de Vox el pasado marzo, pero acota la cuestión de la objeción de conciencia que no abordó el recurso instado por el partido de ultraderecha.
La Sala Segunda, reunida de urgencia desde las 9:00 horas, ha apoyado así la ponencia de la magistrada progresista Laura Díez, que proponía desestimar la impugnación socialista.
El Constitucional se reunirá mañana para decidir si permite revisar los votos nulos del 23 de julio en Madrid, después de que este lunes haya rechazado por unanimidad la petición del PP de apartar del asunto a la magistrada Laura Díez.
Entrevistado en Ganbara, el catedrático de Derecho Internacional Privado por la UPV/EHU señala que el Constitucional no podría desoír la interpretación constitucional del concepto de nación por parte de la soberanía popular a través de una convención.
ERC, Junts y la CUP han votado a favor de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PSC y los comuns han votado en contra, mientras que Vox, Cs y PP se han abstenido.
La sala ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo ante "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
El Consejo de Garantías Estatutarias determinó que la norma vulnera "la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda". Los republicanos y Junts votarán el 1 de septiembre por recurrirla, aunque cada partido lo hará con su propuesta (se impondrá la mayoritaria).
El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, hace un llamamiento al "diálogo" al Gobierno español en funciones para solucionar el conflicto antes de la interposición del recurso. Los tres consejeros socialistas, entre ellos el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, han manifestado su desacuerdo.
Los alcaldes de 71 municipios de Euskadi, entre los que se encontraban los de Bilbao y San Sebastián, se han concentrando contra de la sentencia que declaraba inconstitucional la normativa vasca que permitía el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos.
Kontseilua ha asegurado que "se está produciendo una compacta arremetida judicial en contra de las políticas lingüísticas a favor de la normalización del euskera".
La diputada general de Gipuzkoa se ha sumado a la denuncia que ha hecho el Gobierno Vasco por la "intensa judicialización que está sufriendo el euskera".
125 alcaldes y electos de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes han comparecido hoy, un día después de conocerse la sentencia del TC contra el euskera, para "decir que ya basta". Según denuncian, el tribunal ha hecho "una muy torpe lectura de los derechos lingüísticos".
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.
A partir de ahora, según la jurisprudencia establecida por la decisión del Tribunal Constitucional, "los ayuntamientos no podrán dar preferencia a una de las lenguas oficiales", ha denunciado.
El Ejecutivo vasco no comparte la sentencia y considera que supone "una vulneración del autogobierno vasco y un nuevo desprecio al euskera, a sus hablantes y al consenso social en Euskadi en torno a esta materia".
Kontseilua ha señalado que se trata de "un paso más en un ataque judicial y político que venimos observando desde hace tiempo". En la misma línea se ha pronunciado UEMA, que ve detrás de la decisión un "ataque y un gran obstáculo" a su forma de trabajar en los municipios euskaldunes.
El tribunal de garantías estima una cuestión de inconstitucionalidad y anula esta norma al entender que “supone un trato preferente del euskera, que menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales”.
Previamente abrirá la vía para lograr un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación y evitar el recuerso. El ejecutivo aprecia una vulneración de competencias ejecutivas recogidas en el Estatuto de Gernika y una merma de la capacidad para el desarrollo de las normas vascas.
El sexo más representado, hombres en la gran mayoría de los casos, no podrá pasar del 60 % en los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX 35 ni en órganos constitucionales como el CGPJ.
El Consejo de Ministros aprobará hoy la norma en segunda vuelta para ampliar su ámbito de aplicación. Hasta ahora, solo afectaba a las listas electorales, Gobierno español o consejos de administración de grandes empresas.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —la mayoritaria de los jueces—, han llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para subir el sueldo en unos 450 euros al mes. El pacto se firmará este martes.
Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria y de tendencia conservadora, se ha desmarcado del acuerdo.
Por tanto, esta ley confirma el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo de forma libre en las primeras 14 semanas de gestación. Además, también acepta el aborto hasta la semana 22, en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
El Tribunal Constitucional desestimará el recurso presentado por el PP hace más de una década contra la ley del aborto del Gobierno de Zapatero.
La corte de garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso de Vox, por lo que esta doctrina será de aplicación al del PP, que es posterior.
El tribunal ha resuelto así el recurso de Vox, por lo que ahora esta doctrina será de aplicación al del PP, que es posterior.
El Ejecutivo interpondrá un recurso de inconstitucionalidad al entender que la decisión del Gobierno español "se inmiscuye en sus labores ejecutivas y vulnera el autogobierno vasco".
Se trata de un trámite indispensable para que las defensas puedan presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sería el objetivo último.
La decisión llega más de 12 años después de que fuera aprobada por el Gobierno del PSOE. De esta forma, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto de Zapatero.
La Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
El primer gran debate de calado con la nueva composición del tribunal previsiblemente tendrá que esperar al miércoles, puesto que la intención de la presidencia es abordar las abstenciones y recusaciones este martes con la intención de evitar que el pleno se quede sin el mínimo de ocho magistrados.
El magistrado progresista ha obtenido seis de los once votos durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en el Tribunal Constitucional, frente a los cinco cosechados por María Luisa Balaguer.
Ahora los cuatro nuevos magistrados deberán jurar o prometer su cargo ante el rey Felipe VI, previsiblemente el sábado por la mañana, y tomarán posesión del cargo el 9 de enero.
Ambos candidatos fueron propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces. El acuerdo llega 198 días después de que cuatro magistrados vieran caducar su mandato y tras una situación inédita en la que una corte dividida suspendió de urgencia una tramitación parlamentaria.
El secretario general Adjunto del grupo popular en el Congreso asegura que el Gobierno ha violentado los derechos de los diputados. Se muestra en contra de la "confrontación permanente", pero afirma que Sánchez ha intentado incumplir la ley.
"Se ha producido un hecho muy grave. Hay quien pretende hacernos creer que estamos ante un debate jurídico y se equivoca. Lo que sucede es que no se ha producido una rotura con el franquismo. Los jueces que defendían la dictadura han pasado a ser demócratas de la noche a la mañana", ha dicho.
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