Tribunal Constitucional
El asunto ha llegado al tribunal de garantías después de que el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo acordara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular que la Mesa de la cámara catalana admitió a trámite el pasado 2 de febrero.
El Pleno deliberará si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra la iniciativa, lo que supondría la suspensión cautelar. La Ley de Vivienda también estará sobre la mesa.
El informe ve inconstitucional la amnistía por vulnerar la separación de poderes y el principio de igualdad. La decisión se ha adoptado por nueve votos a favor (sector conservador), cinco en contra (sector progresista) y dos en blanco (el presidente Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas).
El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC cree, sin embargo, que primero los jueces "suspenderán el procedimiento" de esta ley para posteriormente preguntar al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE sobre su constitucionalidad.
El recurso fue presentado sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas del Gobierno Vasco. En concreto, el consejero de Vivienda socialista, Iñaki Arriola, señaló que la Ley de Vivienda estatal "no impone", sino que "facilita" a las autonomías tomar medidas en esa materia.
Así, desestima, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP contra la ley. El Pleno del Tribunal Constitucional ya avaló el pasado 31 de enero que Euskadi y Navarra son competentes para gestionar el ingreso mínimo vital al rechazar otro recurso de Vox en el mismo sentido.
El Gobierno Vasco acordó en julio presentar el recurso, pero quiso abrir un plazo para negociar. Propuso un acuerdo interpretativo al Estado, pero éste "ha rechazado toda posibilidad de acuerdo y ha abocado al Gobierno Vasco a interponer el recurso", según una nota del Gobierno Vasco.
El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara sus condenas a entre 6 y 6 años y medio de cárcel, cuando ya habían sido cumplidas.
El borrador irá al pleno de la próxima semana y, según las fuentes consultadas, es posible que salga adelante con los votos de la mayoría progresista del tribunal.
El Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno regional presentó en febrero de este año por considerarlo "un atentado" contra la Comunidad de Madrid.
En concreto, el fallo anula varios artículos del Decreto 179/2019 sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. No obstante, la sentencia no es firme, puesto que el Gobierno Vasco tiene un plazo de 30 días para recurrir.
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha mostrado la disposición política del Ejecutivo a recurrir la sentencia, que ha definido como un "claro ejemplo de judicialización de la política".
El líder 'popular', que esta tarde se reunirá con Sánchez dentro de la ronda de consultas de cara a la investidura, considera que de no actuar serían "cómplices de una injusticia".
La resolución aplica la doctrina recogida en la sentencia que rechazó el recurso de Vox el pasado marzo, pero acota la cuestión de la objeción de conciencia que no abordó el recurso instado por el partido de ultraderecha.
La Sala Segunda, reunida de urgencia desde las 9:00 horas, ha apoyado así la ponencia de la magistrada progresista Laura Díez, que proponía desestimar la impugnación socialista.
El Constitucional se reunirá mañana para decidir si permite revisar los votos nulos del 23 de julio en Madrid, después de que este lunes haya rechazado por unanimidad la petición del PP de apartar del asunto a la magistrada Laura Díez.
Entrevistado en Ganbara, el catedrático de Derecho Internacional Privado por la UPV/EHU señala que el Constitucional no podría desoír la interpretación constitucional del concepto de nación por parte de la soberanía popular a través de una convención.
ERC, Junts y la CUP han votado a favor de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PSC y los comuns han votado en contra, mientras que Vox, Cs y PP se han abstenido.
La sala ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo ante "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
El Consejo de Garantías Estatutarias determinó que la norma vulnera "la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda". Los republicanos y Junts votarán el 1 de septiembre por recurrirla, aunque cada partido lo hará con su propuesta (se impondrá la mayoritaria).
El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, hace un llamamiento al "diálogo" al Gobierno español en funciones para solucionar el conflicto antes de la interposición del recurso. Los tres consejeros socialistas, entre ellos el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, han manifestado su desacuerdo.
Los alcaldes de 71 municipios de Euskadi, entre los que se encontraban los de Bilbao y San Sebastián, se han concentrando contra de la sentencia que declaraba inconstitucional la normativa vasca que permitía el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos.
Kontseilua ha asegurado que "se está produciendo una compacta arremetida judicial en contra de las políticas lingüísticas a favor de la normalización del euskera".
La diputada general de Gipuzkoa se ha sumado a la denuncia que ha hecho el Gobierno Vasco por la "intensa judicialización que está sufriendo el euskera".
125 alcaldes y electos de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes han comparecido hoy, un día después de conocerse la sentencia del TC contra el euskera, para "decir que ya basta". Según denuncian, el tribunal ha hecho "una muy torpe lectura de los derechos lingüísticos".
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.
A partir de ahora, según la jurisprudencia establecida por la decisión del Tribunal Constitucional, "los ayuntamientos no podrán dar preferencia a una de las lenguas oficiales", ha denunciado.
El Ejecutivo vasco no comparte la sentencia y considera que supone "una vulneración del autogobierno vasco y un nuevo desprecio al euskera, a sus hablantes y al consenso social en Euskadi en torno a esta materia".
Kontseilua ha señalado que se trata de "un paso más en un ataque judicial y político que venimos observando desde hace tiempo". En la misma línea se ha pronunciado UEMA, que ve detrás de la decisión un "ataque y un gran obstáculo" a su forma de trabajar en los municipios euskaldunes.
El tribunal de garantías estima una cuestión de inconstitucionalidad y anula esta norma al entender que “supone un trato preferente del euskera, que menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales”.
Previamente abrirá la vía para lograr un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación y evitar el recuerso. El ejecutivo aprecia una vulneración de competencias ejecutivas recogidas en el Estatuto de Gernika y una merma de la capacidad para el desarrollo de las normas vascas.
El sexo más representado, hombres en la gran mayoría de los casos, no podrá pasar del 60 % en los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX 35 ni en órganos constitucionales como el CGPJ.
El Consejo de Ministros aprobará hoy la norma en segunda vuelta para ampliar su ámbito de aplicación. Hasta ahora, solo afectaba a las listas electorales, Gobierno español o consejos de administración de grandes empresas.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —la mayoritaria de los jueces—, han llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para subir el sueldo en unos 450 euros al mes. El pacto se firmará este martes.
Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria y de tendencia conservadora, se ha desmarcado del acuerdo.
Por tanto, esta ley confirma el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo de forma libre en las primeras 14 semanas de gestación. Además, también acepta el aborto hasta la semana 22, en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
El Tribunal Constitucional desestimará el recurso presentado por el PP hace más de una década contra la ley del aborto del Gobierno de Zapatero.
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El Pleno del Tribunal Constitucional español ha determinado que no cabe volverlos a juzgar a Arnaldo Otegi y otros cuatro integrantes de la izquierda abertzale, como pretendía el Tribunal Supremo tras haber declarado injusta la vista oral en la Audiencia Nacional el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El abogado Iñigo Iruin decía en Radio Euskadi que "hay un derecho a reclamar por los daños causados".
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Zupiria: ''Los magistrados han ido más allá de lo que el propio Tribunal Constitucional había considerado''
"Por lo tanto, esta es una razón más para que el Gobierno Vasco, en mi opinión, como consejero de Política Lingüística, recurra" la decisión del tribunal vasco, ha señalado.
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