30 exaltos cargos del Govern y el director de TV3 serán juzgados por el referéndum

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha procesado este martes a treinta personas, entre ellas varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La causa, abierta en febrero de 2017 y que llegó a tener a más de cuarenta personas imputadas, propició las detenciones y registros del 20S en varios puntos de Cataluña, entre ellos la consellería de Economía.

En un auto, la jueza procesa a los 30 investigados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

El auto fija para los 17 procesados por malversación una fianza por responsabilidad civil de 5,8 millones de euros, al sumar un tercio de la cifra supuestamente defraudada para afrontar las responsabilidades finales del pleito.

La juez da un día a los 17 procesados por malversación para que, una vez se les notifique la resolución judicial, aporten la fianza solidaria, con la advertencia de que si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes suficientes para cubrir esta responsabilidad pecuniaria.

Sobre los gastos del 1-O, la juez cuantifica en un millón de euros el dinero para envíos postales, 900.906 para el arrendamiento de locales cedidos o habilitados para la votación, 1,2 millones para las obras de reforma del centro de telecomunicaciones que debía de servir como "call center" del referéndum, 472.694 euros para el registro de catalanes en el exterior y 391.381 en gastos del Diplocat y observadores internacionales.

Otras partidas que incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.

La juez procesa a los exaltos cargos del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Meritxell Massó y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo, entre otros, y exculpa a 15 investigados, entre ellos al exsenador de ERC Santi Vidal y a Carles Viver i Pi Sunyer, considerado el "arquitecto jurídico" del proceso independentista.

También procesa por desobediencia a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales: su administradora única Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y al director corporativo, comercial y de marketing, Martí Patxot.